La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado por tercera vez la instrucción contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, dejando claro que la investigación dirigida por el magistrado Juan Carlos Peinado está debidamente justificada.
En esta ocasión, los recursos no solicitaban el archivo del procedimiento, pero la Sala ha sido tajante al afirmar que, de lo actuado, «se podría deducir que Begoña Gómez debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias». Según el tribunal, estas actuaciones se habrían producido «a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole», con el objetivo de impulsar su carrera profesional y alcanzar una posición privilegiada en el sector de captación de fondos y responsabilidad social.
En el centro de esta red aparece el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya imputación es ratificada por el tribunal. Barrabés colaboró estrechamente con Gómez en el máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y fue destinatario de cartas de recomendación firmadas por ella mientras su empresa optaba a contratos públicos. «Las empresas del Grupo Barrabés resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la cátedra», indican los magistrados, quienes señalan además una «clara desviación de poder» en la actuación de Gómez.
El tribunal reprocha al juez que inicialmente considerara a Barrabés un simple testigo, aunque respalda ahora su condición de investigado. También valida el encargo de Peinado a la Intervención General del Estado (IGAE) para analizar seis adjudicaciones a una sociedad vinculada al empresario.
No obstante, la Audiencia sí enmienda algunos aspectos de la instrucción, como la investigación sobre el rescate de Air Europa, que queda excluido del procedimiento. Según el auto, esos hechos no guardan relación con el objeto principal de la causa, por lo que la solicitud de documentación a la SEPI ha sido anulada.
También revoca la imputación del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y la del directivo del Instituto de Empresa Juan Carlos Güemes, al no apreciar indicios delictivos en sus actuaciones. Sin embargo, la causa sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva se mantiene abierta, y el juez puede seguir reclamando información a la Complutense y a sus patrocinadores.
En definitiva, la resolución marca una nueva etapa en el caso Begoña Gómez, que sigue estrechándose y en el que la Justicia ya habla abiertamente de tráfico de influencias, favores y desviación de poder en el entorno más próximo de Pedro Sánchez.
