La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la legalidad de la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el escándalo que salpica a su esposa, Begoña Gómez, y que cada vez apunta más alto. El tribunal respalda la decisión del juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, de desplazarse al Palacio de La Moncloa para tomar declaración al jefe del Ejecutivo. Una comparecencia que, sin embargo, quedó en nada: Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, y los magistrados han señalado que no era necesario trasladar el vídeo de la declaración a las partes.
El auto judicial desmonta también las acusaciones de «extralimitación» esgrimidas por la defensa de Gómez. Los magistrados no sólo validan la actuación del juez Peinado, sino que apuntan al posible uso de la cercanía con el presidente del Gobierno para el intercambio de favores, venta de influencias y obtención de beneficios personales por parte de Begoña Gómez.
Según la Audiencia, hay indicios suficientes para pensar que la esposa de Sánchez podría haber utilizado su posición para impulsar su carrera profesional mediante «una clara desviación de poder». Todo ello articulado a través de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid —la de Transformación Social Competitiva— en la que colaboraban empresas clave del entorno de Gómez, como el Grupo Barrabés.
Los jueces destacan que la empresa Innova Next S.L., vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, recibió once contratos públicos entre 2021 y 2022 por un total de 21 millones de euros. En algunos de esos contratos, la esposa del presidente llegó a actuar como aval personal. Todo un escándalo institucional bajo la fachada de «excelencia académica».
La Audiencia ve en esta cátedra mucho más que un proyecto académico: fue, según el auto, la plataforma desde la que se urdieron el resto de actividades bajo sospecha. Entre ellas, la captación de financiación de empresas que, casualmente, estaban sometidas a la supervisión del Gobierno o eran beneficiarias de contratos públicos.
A pesar del avance de la investigación, la Audiencia ha ordenado archivar la causa respecto a dos de los implicados: el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el exconsejero del PP, Juan José Güemes. No ocurre lo mismo con Barrabés —avalado personalmente por Gómez en contratos públicos— ni con la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, mano derecha de la esposa del presidente, quien le gestionó incluso la financiación de su cátedra.
En cuanto al millonario rescate de Air Europa, los magistrados han vuelto a limitar la investigación dentro del caso principal, pero abren la puerta a que se indague por separado si el juez encuentra indicios sólidos.
El perfil del empresario Juan Carlos Barrabés también llama la atención del tribunal: de vender productos de esquí online pasó a convertirse en un exitoso desarrollador de nuevas tecnologías, todo ello mientras ejercía como profesor asociado de la cátedra y mantenía una estrecha relación con la mujer del presidente.
