El recurso presentado por los movimientos estudiantiles patriotas ‘Alternativa Estudiantil’ y ‘Estudiantes por la Libertad – Estudiants per la Llibertat’ (EPL) contra la normativa de la Universidad de Valencia (UV) que obliga a impartir el 50% de la docencia en valenciano, ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 de Valencia. La acción judicial argumenta que «la medida vulnera el derecho de los alumnos a elegir la lengua vehicular en su formación”.
El Juzgado ha requerido a la Universidad que remita el expediente administrativo relacionado con la normativa impugnada. Los colectivos estudiantiles sostienen que la imposición del 50% de la docencia en valenciano –que, según ellos, es en realidad catalán— contraviene los derechos reconocidos en los Estatutos de la UV, la Carta de Derechos y Deberes de los Estudiantes, el Código de Convivencia y Buenas Prácticas, y el Reglamento de la Oferta de Curso Académico.
Como parte del proceso, los estudiantes han solicitado medidas cautelares para suspender la aplicación de la normativa hasta que se dicte sentencia firme. Además, exigen que la Universidad habilite un sistema de preinscripción para el curso 2025-2026 que permita a los alumnos elegir en cuál de las dos lenguas oficiales desean recibir su formación. El pasado 3 de febrero de 2025, el Juzgado ordenó la formación de una pieza separada para evaluar estas medidas cautelares, y la Universidad ya se ha personado en el procedimiento.
‘Alternativa Estudiantil’ y ‘Estudiantes por la Libertad’ defienden que la Universidad debe estar al servicio de la sociedad y que el derecho de los estudiantes a elegir la lengua de enseñanza no puede ser sacrificado por lo que consideran una política de ingeniería sociolingüística financiada con fondos públicos. Denuncian que esta política busca satisfacer intereses separatistas del actual equipo de gobierno universitario, que previamente ha sido condenado en costas por no remitir comunicaciones internas en formato bilingüe al personal de la UV.
En su comunicado, ambas asociaciones hacen un llamamiento a la sociedad civil valenciana y a las instituciones de gobierno para que respalden su lucha por la libertad de elección de lengua. Además, exigen a la mayoría parlamentaria que apoya al Consejo del Presidente Mazón en las Cortes Valencianas que cumpla con el punto 27 del acuerdo programático firmado el 15 de junio de 2023. Dicho acuerdo promete garantizar la libertad educativa, la elección de centro y la libre selección de la lengua de enseñanza en todas las etapas educativas.
