La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aceptado analizar el recurso presentado contra la Generalidad Valenciana y su presidente, Carlos Mazón, así como contra la Agencia de Seguridad y Emergencias del gobierno autonómico, por su presunta «inactividad» en la alerta y gestión de la DANA que afectó la región a finales de octubre.
En la resolución, adelantada por el diario La Razón, la Sección Cuarta del tribunal solicita a la Generalidad que entregue el expediente completo relacionado con su actuación ante las inundaciones desde el 29 de octubre, otorgando al gobierno autonómico un plazo de nueve días para que se persone en el caso en calidad de demandado. El magistrado José Domingo Ceballos ha sido designado ponente del recurso, junto a los jueces Miguel Ángel Narváez y Estefanía Pastor, quienes completan la Sala.
En el escrito, el tribunal exige a la Generalidad que envíe los «expedientes administrativos» en soporte electrónico, autentificados, foliados y con un índice de documentos, siguiendo lo establecido en el artículo 48 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Además, la Generalidad deberá identificar al órgano encargado de ejecutar la resolución judicial en el caso.
La normativa, según el artículo 49 de la misma ley, prevé que, si la Generalidad no envía la documentación requerida en un plazo de veinte días, se reiterará la solicitud. En caso de un nuevo incumplimiento, se podría aplicar una multa de entre 300 y 1.200 euros a la autoridad o funcionario responsable, aumentando cada veinte días mientras el incumplimiento persista. El Gobierno valenciano cuenta con nueve días para comparecer en calidad de demandado en el procedimiento y cinco días para recurrir la admisión del recurso.
El recurso fue presentado por el abogado valenciano Curro Nicolau, quien también ha denunciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Tribunal Supremo por «inacción» ante la catástrofe. Nicolau argumenta que la Generalidad Valenciana mostró una «evidente inactividad» al no informar a la población con la antelación necesaria para reducir el impacto de las crecidas repentinas de los ríos Magro y la rambla del Poyo. Esta falta de advertencia, según él, contribuyó a que el desbordamiento de estos cauces causara inundaciones en numerosos municipios del sur de Valencia y su periferia.
El abogado también subraya que las inundaciones han dejado «cientos de personas fallecidas, decenas de desaparecidos» y han provocado pérdidas materiales incalculables, afectando tanto a infraestructuras como a propiedades privadas, lo que ha afectado a decenas de miles de damnificados en la región.
