La Corte de Apelación de Cagliari (Italia) y el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada han ratificado que la custodia legal del hijo menor de Juana Rivas corresponde a su padre, Francesco Arcuri. El menor, que permanece en Maracena (Granada) desde que viajó a España por vacaciones navideñas, deberá ser entregado al progenitor italiano, quien ha reclamado formalmente su regreso.
En una resolución dictada el pasado lunes 7 de julio, el tribunal italiano ha rechazado suspender la sentencia que otorga la tutela al padre y ha desestimado la petición presentada por el equipo legal de Juana Rivas —representada por Aránguez Abogados— que buscaba revocar la custodia, aludiendo a la apertura de un nuevo proceso penal contra Arcuri.
Dicha solicitud pretendía que se limitara temporalmente la patria potestad de Arcuri mientras se resuelve el juicio que tiene pendiente en septiembre, en el que será juzgado por presunto maltrato continuado hacia sus hijos. Sin embargo, la Corte de Cagliari ha considerado que no existen motivos suficientes para alterar la situación actual.
El fallo reafirma la sentencia previa, en la que ya se establecía que el padre debía tener la custodia del menor. El tribunal italiano ha subrayado la validez de esa decisión y ha rechazado que existan circunstancias excepcionales que justifiquen un cambio, a pesar del procedimiento penal en marcha.
Con esta resolución, se refuerza la posición legal de Arcuri, que ha solicitado que el niño regrese a Italia tras varios meses residiendo con su madre en Andalucía. La disputa judicial entre ambos progenitores, que lleva años abierta, vuelve así a intensificarse a pocos meses de que se celebre el nuevo juicio en Italia.
Juana Rivas, cuya historia saltó a la opinión pública en 2017 tras negarse a entregar a sus hijos al padre, mantiene su defensa en los tribunales tanto españoles como italianos, mientras sus abogados insisten en que su único objetivo es proteger a sus hijos hasta que se aclare la situación penal de Arcuri.
Por el momento, las resoluciones judiciales —tanto en España como en Italia— coinciden en mantener la custodia en manos del padre, a la espera de que los tribunales italianos resuelvan los nuevos cargos a los que este deberá enfrentarse en los próximos meses.
