«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Ocupaba en ese momento el cargo de secretario general de la presidencia

La Justicia imputa gracias a una querella de VOX al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Europa Press

El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del denominado ‘caso Begoña Gómez’, ha acordado admitir a trámite una querella presentada por VOX y citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un delito de malversación de caudales públicos al participar «aparentemente» en la contratación de la asesora de La Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021».

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que acumula dicha querella a la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En este sentido, Peinado explica que la querella de VOX se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez —investigada en la causa— para atender a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021».

Indica que, según la querella, era el «responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez» y que VOX le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez «la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa». Además, explica que el delito de malversación de caudales públicos incluye el concepto penal de caudales que es «amplio» y que abarca «sin ánimo exhaustivo» asuntos como los billetes de lotería, el capital de las sociedades públicas, los bienes muebles y en general cualquier clase de bienes muebles y con valor económico, dinero, efectos negociables u otros bienes o derechos que forman parte de un activo de un patrimonio público.

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