El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un nuevo revés judicial internacional por su negativa a abonar las indemnizaciones derivadas del recorte de primas a las energías renovables. La Justicia de Países Bajos ha autorizado el embargo de un inmueble vinculado al Instituto Cervantes en Utrecht tras constatar el impago de la deuda correspondiente al caso Eurus, filial del grupo Toyota.
La decisión ha sido adoptada por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo validó la ejecución en territorio neerlandés de los laudos arbitrales favorables a la compañía. Tras la notificación formal a España el 20 de abril sin que se produjera el pago, el tribunal autorizó el pasado viernes la inmovilización ejecutiva del activo.
El embargo ya figura inscrito en el registro de la propiedad de Países Bajos y afecta a un inmueble situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de Utrecht. Se trata de una zona de alto valor inmobiliario, con una estimación cercana a los 10 millones de euros. Los acreedores analizan ahora la posibilidad de impulsar su subasta pública para recuperar la deuda.
El tribunal neerlandés descarta además que el edificio pueda quedar protegido por inmunidad soberana. Según su criterio, el centro del Instituto Cervantes en Utrecht «no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española», al tratarse de un espacio cultural que alberga actividades y conferencias. Esta consideración reduce de forma significativa las opciones de recurso por parte del Ejecutivo.
Este nuevo embargo se suma a una cadena de resoluciones judiciales adversas para España en distintos países, que evidencian el impacto internacional de los impagos. En Estados Unidos, varios tribunales han reconocido deudas por valor de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos para localizar activos del Estado español, incluso en operaciones vinculadas a la selección nacional de fútbol en el Mundial de 2026.
En Bélgica, la justicia bloqueó recientemente 482 millones de euros correspondientes a ingresos por gestión del tráfico aéreo, redirigidos para compensar a las empresas afectadas. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha ratificado que España debe hacer frente a estas obligaciones si quiere evitar nuevos embargos, en una sentencia que refuerza la posición de los acreedores.
También los tribunales de Australia y Singapur han fallado en la misma línea, reconociendo reclamaciones millonarias contra el Estado español. En total, la deuda acumulada asciende a 2.309 millones de euros, incluyendo principal, intereses y costes judiciales.
Fuentes judiciales advierten de que la situación refleja el deterioro de la posición de España como deudor internacional y alertan de nuevas acciones si persisten los impagos. Los acreedores reclaman al Ejecutivo que cierre definitivamente este conflicto y recuerdan que existen precedentes de acuerdos, como el alcanzado con la empresa JGC. «Insistir en los impagos solo traerá más embargos y descrédito internacional», señalan.
