Un año después del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a amplias zonas de España, el sector energético sigue sin una explicación concluyente ni responsables claros. Las dudas sobre la seguridad del sistema y el impacto de las decisiones políticas marcan el debate, que este lunes volvió a evidenciarse en un foro celebrado en Madrid con la participación de expertos, exdirectivos y representantes políticos.
Durante el segundo foro energético organizado por The Objective, varios de los principales actores del sector coincidieron en señalar fallos estructurales, falta de gobernanza y decisiones energéticas cuestionadas tras el colapso.
El consejero de Red Eléctrica y OMEL, Antonio Tuñón, fue contundente: «La red se ha demostrado que no es segura». El directivo, con décadas de experiencia en el sector, subrayó que el «cero absoluto» registrado hace un año era impensable, pero criticó que, doce meses después, no se hayan depurado responsabilidades. «No hay un solo responsable. A mí me parece que, después de un año, la señora presidenta de Red Eléctrica siga ahí no me parece lo más oportuno», afirmó.
Tuñón alertó además del impacto económico de las decisiones adoptadas tras el apagón. Según explicó, el refuerzo de la seguridad del sistema ha encarecido la factura eléctrica. «Se habla de que la energía ha subido un 13% para el consumidor. En cualquier caso, estamos pagando más por esa seguridad —o falsa seguridad— que teníamos hace un año», señaló.
El consejero criticó también la deriva de la política energética, que, a su juicio, responde a decisiones «impuestas desde arriba» sin respaldo técnico. «La mayoría son pequeños ucases», afirmó, en alusión a medidas como el fin del diésel en 2035 o cambios en la planificación sin justificación clara.
En la primera mesa de debate, el exdirector general adjunto de Redeia, Francisco Ruiz, cuestionó directamente el modelo energético actual. «La política de cerrar nucleares e instalar potencia asíncrona a mansalva es una barbaridad», afirmó. Ruiz repartió responsabilidades entre el Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Red Eléctrica, señalando fallos políticos, de supervisión y de operación.
El exdirectivo denunció además un problema de gobernanza tanto en España como en Europa y criticó el papel de los organismos encargados de analizar el apagón. «Tenemos un problema de gobernanza en el sector muy grave», advirtió.
Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio, defendió el papel de las renovables, pero coincidió en señalar al operador del sistema como responsable último de la estabilidad. «La seguridad del suministro es claramente responsabilidad del operador», afirmó, salvo supuestos excepcionales.
Virgilio recordó que ya existen 55 expedientes abiertos por la CNMC relacionados con el apagón, lo que refleja que el caso sigue sin resolverse.
El balance un año después mantiene el mismo diagnóstico: no hay una explicación definitiva, no se han asumido responsabilidades políticas ni técnicas y el sistema eléctrico continúa bajo sospecha en un contexto marcado por decisiones energéticas cuestionadas y falta de consenso.
