Isabel, una mujer de 91 años residente en Málaga, ha logrado recuperar su vivienda tras más de cuatro años ocupada por una familia de origen marroquí que dejó de pagar el alquiler y utilizó distintos mecanismos legales para retrasar su desalojo, pese a contar con ingresos superiores a los de la propietaria.
Según la documentación del caso avanzado por The Objective, durante ese periodo los ocupantespercibían 1.309,25 euros mensuales en concepto deIngreso Mínimo Vital, una cantidad superior a la pensión de la anciana. Aun así, dejaron de abonar los 400 euros de renta acordados y recurrieron de forma continuada a la alegación de vulnerabilidad para frenar el lanzamiento, incluso después de existir una sentencia firme de desahucio.
El procedimiento judicial se inició en 2022, cuando Isabel interpuso una demanda contra el arrendatario. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Málaga estimó íntegramente la demanda en julio de ese año, resolvió el contrato de alquiler y ordenó el desalojo. La resolución fue confirmada en abril de 2023 por la Audiencia Provincial de Málaga tras el recurso presentado por el inquilino.
Pese a contar con dos sentencias favorables, la ejecución del desahucio se prolongó durante años. El juzgado acordó el lanzamiento en diciembre de 2024, pero este quedó suspendido tras la solicitud de la defensa del inquilino, que alegó una situación de vulnerabilidad económica y social derivada de la crisis del covid-19.
La defensa sostuvo que el cabeza de familia, que había cesado su actividad como autónomo, no disponía de alternativa habitacional para él y su familia. Sobre esa base, solicitó la suspensión extraordinaria del desalojo, que fue aceptada, lo que prolongó la ocupación del inmueble.
El caso adquiere mayor relevancia por la situación personal de la propietaria. Isabel, de avanzada edad, sufrió un traumatismo de cadera que requirió intervención quirúrgica y un proceso posterior de rehabilitación. A pesar de su estado de salud y de contar con resoluciones judiciales firmes a su favor, no pudo recuperar su vivienda hasta este mes de abril.
La recuperación del inmueble ha sido posible tras la intervención del despacho Torres y Tur Abogados, que logró ejecutar finalmente el lanzamiento después de años de paralizaciones.
El abogado Rubén Torres advierte de que este caso refleja un problema creciente en los procedimientos de desahucio. «La normativa de protección frente a desahucios nació para amparar a quienes realmente no tienen alternativa habitacional. Cuando los datos objetivos acreditan que los ocupantes disponen de ingresos superiores a los del propietario, la aplicación automática de esa protección genera una injusticia difícil de justificar».
El letrado subraya además la necesidad de revisar los criterios judiciales. «Este caso debería abrir un debate sobre la necesidad de que los juzgados verifiquen de forma efectiva la situación económica de ambas partes antes de acordar la suspensión, no solo de quien la solicita».
El caso de Isabel pone el foco en el funcionamiento del sistema de suspensión de desahucios y en la distancia entre obtener una sentencia favorable y lograr su ejecución efectiva, un desfase que, en la práctica, permite prolongar durante años la ocupación de viviendas pese a existir resoluciones judiciales firmes.
