La Policía desalojó el pasado día 25 a una familia marroquí de cinco miembros que había okupado un chalet en Manacor (Mallorca) tras acceder ilegalmente al inmueble y tratar de evitar su expulsión alegando falsamente que llevaban un mes viviendo allí.
Los hechos se produjeron después de que varios vecinos alertaran al 091 al observar movimientos sospechosos en la vivienda. Según su testimonio, los individuos habían sido vistos esa misma mañana cerrando y tapiando con maderas el acceso al chalet, lo que levantó las sospechas de una ocupación reciente.
Cuando los agentes llegaron al lugar, uno de los ocupantes salió a su encuentro y aseguró que residía allí desde hacía más de un mes junto a familiares. Sin embargo, esa versión no se sostenía. Durante la inspección, los policías comprobaron la presencia de colchones, camas y enseres personales de los propietarios, lo que evidenciaba que la vivienda estaba en uso como segunda residencia.
Otra de las personas identificadas ofreció una versión distinta y reconoció que habían pagado 3.000 euros a un tercero para acceder al inmueble, aunque no pudo aportar datos sobre quién recibió el dinero, lo que apunta a posibles redes que facilitan este tipo de ocupaciones ilegales.
Las gestiones permitieron localizar a la hija del propietario, que confirmó que el chalet pertenece a su padre y que la familia lo utiliza de forma habitual los fines de semana y en periodos vacacionales. La mujer explicó además que ella misma había estado en la vivienda el domingo anterior, lo que situaba la ocupación en fechas muy recientes.
Ante estos indicios, y al tratarse de una vivienda en uso y no abandonada, los agentes procedieron al desalojo inmediato y a la detención de los cinco individuos por ocupación ilícita.
El caso vuelve a poner el foco en la problemática de la okupación ilegal en zonas residenciales y en el papel de intermediarios que, a cambio de dinero, facilitan el acceso a viviendas ajenas, generando un conflicto directo con los derechos de los propietarios.
