El Tribunal Supremo, bajo la instrucción del magistrado Ángel Luis Hurtado, pidió hace escasos días a las compañías telefónicas las llamadas emitidas y recibidas por García Ortiz, fiscal general imputado, en su móvil. Para esclarecer los hechos, el juez solicitó a Telefónica y Vodafone los registros de tráfico de llamadas de los días clave, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió el encargo de intentar recuperar mensajes eliminados de aplicaciones como WhatsApp en los terminales incautados.
La reciente destitución de José María Álvarez-Pallete como presidente ejecutivo de Telefónica tras un largo mandato ha intensificado las dudas sobre el posible interés político detrás del movimiento. En su lugar, ha sido elegido un perfil vinculado al PSOE, lo que ha despertado inquietudes sobre una mayor influencia gubernamental en una empresa estratégica. Algunos analistas apuntan a que esta maniobra podría estar relacionada con la investigación en curso y las presiones para acceder a información sensible vinculada al caso García Ortiz.
La coincidencia entre estos hechos plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones en este proceso. Mientras el magistrado Hurtado refuerza la investigación ampliando el período bajo análisis y pidiendo más información a los operadores, las acciones paralelas de García Ortiz y los recientes cambios en Telefónica sugieren un trasfondo político que podría influir en el desarrollo de la causa. La conexión entre los intereses gubernamentales y los movimientos estratégicos en una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país se encuentra ahora bajo el escrutinio público.
Esta situación no sólo cuestiona la transparencia del caso judicial, sino también el alcance de la politización en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, en un momento clave para la credibilidad institucional en España.
A todo esto, un elemento que agrava las sospechas en este caso es que el propio García Ortiz habría intentado, de forma paralela y extrajudicial, acceder a los registros de llamadas de su móvil personal. Según reveló el diario El Debate, recurrió a un intermediario cercano al PSOE, quien contactó con la cúpula de Telefónica España para obtener esta información antes que el juez. El intermediario, afín al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, habría actuado como enlace entre el fiscal y las partes implicadas.
