El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado la suspensión cautelar del protocolo que el Gobierno de Canarias había aprobado recientemente, el cual obliga a identificar a los menores extranjeros no acompañados (menas) rescatados en el mar antes de integrarlos en el sistema de acogida. Esta decisión se ha adoptado tras admitir a trámite el recurso presentado por la Fiscalía, que argumenta que la normativa «vulnera los derechos de los menores» y contradice las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección infantil.
La normativa, que había sido publicada la semana pasada en el boletín oficial de las islas, queda así paralizada hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los magistrados del TSJC coincidieron con la Fiscalía al considerar que existían «razones de urgencia» que justificaban la suspensión del protocolo, especialmente ante el riesgo de que los menores pudieran quedar en una situación de desprotección mientras se les documenta.
El Ministerio Público había advertido que la implementación de este protocolo podría derivar en casos de abandono, una preocupación que expresó desde que la medida fue publicada en el boletín oficial. Según la Fiscalía, la acogida de los menas es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, por lo que no se justifica que los menores permanezcan en lugares fuera del sistema de protección simplemente por una exigencia burocrática.
En respuesta a esta situación, Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, afirmó este viernes que el protocolo «está en marcha» y que los menores están siendo identificados con una ficha, nombre y fotografía, garantizando así que están «perfectamente atendidos». Barreto aseguró que los servicios jurídicos de Canarias consideran que el protocolo respeta la normativa y que la comunidad autónoma está ejerciendo sus competencias adecuadamente.
A la espera de que se resuelva el fondo del asunto, el Gobierno de España ha convocado una reunión de la comisión técnica sobre el reparto de competencias, que comenzará sus trabajos con una sesión prevista para el próximo lunes. La consejera Barreto ha señalado la importancia de esta reunión y confía en que se pueda llegar a un entendimiento con el Gobierno central sobre la interpretación jurídica del protocolo propuesto por Canarias.
