Los ocho empresarios acusados de abusar sexualmente de varias niñas en Murcia han conseguido eludir la prisión tras casi diez años de tramitación judicial. Pese a la satisfacción de jueces como Ricardo Cuevas, que considera que «se ha hecho un buen trabajo», decenas de juristas y expertos legales han criticado la sentencia y se han preguntado el motivo por el que los delincuentes han evitado entrar en la cárcel.
La razón por la que las sentencias han sido reducidas drásticamente se debe al uso del atenuante por dilación indebida, según ha adelantado ElDiario.es. Esta figura legal permite rebajar las condenas cuando el proceso judicial se ha alargado de manera excesiva e injustificada, siempre que la demora no sea imputable a los acusados. Las penas originales, que oscilaban entre cuatro y siete años, se redujeron a apenas unos meses de cárcel para los responsables.
Este proceso judicial, que comenzó con las primeras detenciones en enero de 2015, se ha extendido por casi una década, y en el transcurso del mismo, uno de los acusados falleció, otro fue declarado incapaz y una de las víctimas desapareció. Al final, el juicio dejó un saldo de 13 condenados y diez víctimas, con una gran frustración por la lentitud de la justicia.
En la Región de Murcia, los casos suelen alargarse más de lo normal. Según datos judiciales, los procesos en la Audiencia Provincial de Murcia duran, de media, 5,7 meses, frente a la media nacional de 2,8 meses. Esta prolongación sistemática ha llevado a que muchos juicios terminen con acuerdos que aplican la dilación indebida como atenuante. «Hay una falta de personal a todos los niveles, desde jueces hasta gestores y tramitadores», comenta el abogado penalista Manuel López Bernal.
En el caso concreto de esta red de explotación infantil, las dilaciones se calificaron como «muy cualificadas», lo que implicó una reducción aún mayor de las penas. Por ejemplo, los proxenetas inicialmente se enfrentaban a condenas que podían llegar a los siete años y medio de prisión, pero con la aplicación de la dilación indebida, las penas se redujeron a la mitad del mínimo posible, lo que resultó en condenas de apenas dos años. Lo mismo ocurrió con los clientes, que podrían haber sido condenados a entre uno y cinco años de cárcel, pero acabaron con sentencias de solo seis meses.
El retraso en los juicios no es un problema aislado en Murcia. Rebeca González, abogada penalista en la comunidad, denuncia que la lentitud de los procedimientos es habitual. «Tengo una clienta que lleva siete años esperando que se resuelva su caso de abuso sexual, y el juicio se ha fijado para 2026», comenta con resignación. Según López Bernal, la aplicación de la dilación indebida, en su forma más grave, se ha convertido en algo frecuente en la región, especialmente en procesos que se extienden más de siete u ocho años.
