La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, celebró hace un año la aprobación de la ley de vivienda porque iba a permitir «mejorar la vida» de los españoles y porque «convierte la vivienda en un derecho».
La realidad es que la norma ha duplicado el tiempo para lograr echar a los «inquiokupas» de ocho o nueve meses a año y medio por la maraña burocrática, según recoge ABC, y ha aumentado los costes legales para los propietarios, que tienen que demostrar si el inquilino se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica para iniciar el proceso.
Aunque el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, manifestó el pasado mes de septiembre que la «okupación» es «otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas», casi el 80% de los españoles considera que la «okupación» es un problema social en España frente a un 8% que piensa se trata de un fenómeno residual «sin mayor trascendencia» que suele exagerarse «por motivos políticos».
Un tercio de los encuestados (31%) dijo conocer directa o indirectamente algún caso, porcentaje que se eleva al 39% en Baleares, según un estudio elaborado por Línea Directa Aseguradora y publicado hace un año que señaló que uno de cada cuatro españoles (24%) cree que hay posibilidades «medias o altas» de que le «okupen» su vivienda.
VOX asevera que el problema de la «okupación» no afecta solamente al 0,06% de los españoles como dice el Gobierno, porque sólo contabiliza «uno de los seis procedimientos» que existen para denunciar la apropiación de una vivienda, y aboga por «devolver la seguridad jurídica» al propietario para que sienta que la Administración «protege la propiedad privada».