Un informe de los servicios jurídicos del Senado considera inconstitucional la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, que fue impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de las entidades «disidentes» de la memoria histórica «oficial» impuesta por la izquierda, y en concreto, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).
Sin embargo, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara Alta, ha adelantado su intención de admitirla a trámite. Los letrados del Senado han emitido un informe en la que la consideran inconstitucional.
Según el informe, la reforma abre la puerta a la disolución de partidos políticos por motivos ideológicos: se podría aplicar «a cualquier adversario político«. La nueva Ley «puede constituir una causa de disolución de partidos políticos (al ser estos un tipo de asociaciones) al margen de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, que cumple con todas las garantías constitucionales, y que ha sido avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», recogen los letrados de la Cámara Alta.
Sólo VOX rechaza esta reforma y señala que es «una coartada para justificar un atropello intolerable» a «las libertades más básicas». «Lo que realmente se persigue no es sólo un revisionismo histórico, sino el control del pensamiento, la criminalización de la disidencia y la imposición de un único relato oficial desde el poder», manifestó el diputado Juan José Aizcorbe.
Así, dijo que la reforma «arremete contra los pilares de cualquier democracia real: la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de asociación». «Es una muestra más de la deriva despótica de un Gobierno que instrumentaliza la ley para silenciar a quienes no se arrodillan a sus postulados y pretende decidir qué asociaciones pueden existir y cuáles deben ser borradas».
«Estamos ante una norma arbitraria, incoherente e inconstitucional que colisiona con el derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución, confunde delitos individuales con responsabilidades colectivas, ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y convierte el derecho en un arma para castigar al disidente», subrayó el diputado de VOX, al tiempo que manifestó que el Ejecutivo «necesita reescribir la historia porque desprecia la realidad» y «quiere borrar al disidente sin juicio, sin condena, sólo con la palabra de un fiscal obediente y una mayoría parlamentaria fanática».
