El fallecimiento del Papa Francisco y la falta de constancia de un acuerdo formal entre la Santa Sede y el Gobierno de Sánchez podrían frenar la profanación que se pretende llevar a cabo en el Valle de los Caídos —»resignificando» hasta el 90% de la Basílica— bajo el pretexto de crear un museo propagandístico de corte ideológico.
Este ambicioso y controvertido plan, impulsado por sectores que buscan reinterpretar la historia bajo una mirada sesgada, se encuentra ahora en un limbo jurídico y eclesiástico. La llamada «resignificación», que buscaba transformar un espacio de culto en una herramienta al servicio de una narrativa política, se ha topado con un obstáculo inesperado: el fin del pontificado sin que existan evidencias de documentos firmados y promulgados conforme al Derecho Canónico.
Y es que el Código de Derecho Canónico, en su canon 335, establece con claridad que durante la Sede Vacante quedan en suspenso todos los actos administrativos que no hayan sido oficialmente promulgados por el Papa. En este contexto, cualquier supuesto pacto entre el Cardenal Pietro Parolin y el Ejecutivo español —cuya existencia nadie ha podido demostrar con pruebas tangibles— carecería de legitimidad jurídica.
Los rumores sobre un posible acuerdo sellado discretamente por el difunto Pontífice o su secretario de Estado alimentan el misterio, pero sin publicación oficial, dichos rumores no tienen más valor que el de una especulación sin base sólida. La opacidad que ha rodeado este proceso deja el terreno abonado para la confusión y la incredulidad, según han confesado fuentes cercanas al Valle de los Caídos a LA GACETA.
En términos canónicos, una basílica pontificia no puede ser desacralizada sin un acto solemne del Papa en funciones. Este procedimiento exige un motu proprio o un rescripto papal, ambos documentos con carácter obligatorio de publicación formal. Dado que este paso no se ha dado, la Basílica del Valle de los Caídos continúa siendo, jurídicamente, un lugar sagrado.
La importancia espiritual y simbólica del enclave, coronado por la cruz más alta del mundo, no puede ser anulada por meros acuerdos oficiosos o entendimientos secretos. Cualquier intento de retirar su condición religiosa sin cumplir con el debido proceso canónico constituye una violación del orden jurídico de la Iglesia.
Elección del nuevo Papa
Ante esta compleja situación, todo quedará en manos del encargado de sustituir a Francisco y sentarse en el trono de San Pedro. A priori, una línea continuista daría validez a la negociación desarrollada hasta este momento, y son muchos los candidatos dispuestos a preservar el legado de Bergoglio en los últimos 12 años. Eso sí, la posible elección de figuras como Raymond Leo Burke, Robert Sarah o Péter Erdő podrían paralizar este proceso.
