El PNV aboga por el «derecho a decidir», una relación «bilateral» con el Estado, el reconocimiento de la «nación vasca» y un sistema propio de pensiones.
El Gobierno elogió en los últimos meses la capacidad de «diálogo» y «pacto» mostrada, a su juicio, por el lehendakari, Iñigo Urkullu, como ejemplo frente a Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, y señaló que «el entendimiento es lo que produce resultados positivos».
«Lo que se hace entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco es lo que se debe hacer, construir juntos defendiendo los intereses de todos», dijo el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Y todo sin que los nacionalistas renunciaran ni por asomo a la independencia.
El PNV, que percibe debilidad en el Gobierno de la nación, ha propuesto un Nuevo Estatus Político para el País Vasco y una relación «singular» y «bilateral» con el Estado, un hecho que tanto el PSE-EE como el PP rechazan. Los populares creen que «desborda» la Constitución.
Lo hace en una nueva demostración del carácter insaciable del nacionalismo, cuyo movimiento, en palabras del exministro Jaime Mayor Oreja, «tiene diferentes expresiones y vanguardias en España que se han ido manifestando sucesivamente en estos años como si de un equipo de relevos de atletismo se tratara». «El movimiento nacionalista es uno; no hay tres movimientos estancos, el vasco, el catalán y el gallego, entre otros. No tiene marcha atrás ya que está impulsado por la inercia de la insatisfacción y el resentimiento, por ello solo tiene una marcha adelante», asevera.
«Derecho a decidir» y reconocimiento de la «nación vasca»
Los nacionalistas, que amenazan además con dejar a España sin Presupuestos, quieren «una nueva forma de vinculación con el Estado» y abogan por el «derecho a decidir» y el reconocimiento como nación. «El pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía», dicen, antes de asegurar que «la actualización del autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad», pero que este «no debe provocar la vulneración del principio democrático». ¿Les suena?
Señalan que «Euskal Herria es un pueblo con identidad propia» que está «asentado geográficamente en siete territorios» que actualmente están articulados en «tres ámbitos institucionales diferenciados: las comunidades autónoma vasca, la foral navarra y el País Vasco francés» y reclaman además un sistema judicial independiente, con «una política penitenciaria propia y la atribución al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la culminación ordinaria de los asuntos» y un sistema propio de pensiones.
De la misma forma que el separatismo catalán, pretenden tener acción exterior y piden «capacidad de representación de en la Unión Europea» y en otras «instituciones y organizaciones internacionales», y el control de infraestructuras y mares territoriales.
Entre tanto, han llegado a proponer incluso varias posibilidades para denominar al nuevo sujeto político, como Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca, Estado Autónomo Vasco y Estado Foral, y «el reconocimiento de la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas vascas, de cara a su plena incorporación a las organizaciones análogas del ámbito internacional».
Todo ello lo enmarcan en «un proceso para mejorar el autogobierno vasco y no un proceso frentista».
La ‘respuesta’ del Gobierno y del PSOE
El propio Mariano Rajoy ha subrayado que él no comparte esta hoja de ruta y que todo el mundo deberá atenerse al cumplimiento de la legalidad. «Tendrán que hacer un esfuerzo para construir respetando naturalmente los marcos y los procedimientos que nos hemos dado entre todos», ha dicho.
Por otra parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha invitado a los nacionalistas a explicar su propuesta de reforma en el Congreso de los Diputados porque este es el «único foro real» para hablar de una reforma de la Constitución como la que, según ha dicho, pretenden. Para la vicesecretaria general de la formación, la propuesta de los nacionalistas vascos conllevaría que «una comunidad decida de manera unilateral ir adelante con el derecho a decidir» y supondría romper con la soberanía nacional, lo que «no es posible».
No obstante, ha asegurado que el acuerdo de gobierno que mantienen con el PNV «no corre peligro», porque «dentro de la legalidad cabe todo». «Nosotros no vamos a penalizar a una fuerza política o a un gobierno, en este caso el vasco, porque defienda algo dentro de la legalidad», ha afirmado. Y ha concluido que «mientras ese anhelo discurra por los cauces constitucionales y del Estatuto de Guernica no corre peligro el acuerdo de gobierno alcanzado con el PNV«.
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