La ministra Dolores Delgado estuvo junto al exjuez prevaricador Baltasar Garzón en la cacería en el coto de «Cabeza Prieta» en Torres (Jaén) que le costó la cartera de Justicia al exministro socialista Mariano Fernández Bermejo.
La fiscal Dolores Delgado, que ocupará la cartera de Justicia, estuvo en la cacería en el coto de «Cabeza Prieta» en Torres (Jaen) que costó la cartera de Justicia al exministro Mariano Fernández Bermejo.
El festejo tuvo lugar en febrero de 2009, en plena «operación Gürtel» y días después de que el prevaricador Garzón ordenara la detención de diversos empresarios relacionados con el PP, partido de la oposición al Ejecutivo del que formaba parte Bermejo. Además, dos días antes de la cacería, el ministro de Justicia cenó con Garzón en el restaurante del Hotel Del Val, ubicado en el municipio de Andújar (Jaén).
El episodio motivó las críticas de miembros del PSOE como el entonces presidente del Congreso, José Bono, que dijo que no había «gustado nada» a la «inmensa mayoría» del PSOE «por diversas circunstancias».
Amiga y defensora del juez inhabilitado
En 2014 la hoy ministra de Justicia y entonces fiscal coordinadora de la lucha antiyihadista en la Audiencia Nacional, concedió una entrevista a la revista Jot Down. Preguntada por la sentencia que expulsaba a Garzón de la carrera judicial, contestó que estaba «absolutamente en desacuerdo con ella». «Conocí al juez Garzón en 1993. Yo me incorporé a la Audiencia Nacional como fiscal especial antidroga y justamente fui adscrita al Juzgado Central de Instrucción n.º 5 del que él era titular. Apenas coincidimos unos días, porque Baltasar dejaba el Juzgado para incorporarse a la política. Un año después regresaba a su puesto y a partir de ese momento trabajamos juntos durante más de diecinueve años. Primero en investigaciones antidroga y blanqueo de capitales. Después en terrorismo, tanto de ETA como yihadista. Le he visto trabajar muy duro, con entrega y dedicación. Amaba su profesión y ello se reflejaba en cada una de sus actuaciones. Creía que este podía ser un mundo más seguro y más justo y que nosotros, con nuestro trabajo, podíamos contribuir a ello. Ha sido un profesional muy exigente, consigo mismo y con los que le han rodeado. Creía en la Audiencia Nacional como un órgano que, en materia penal, debía ser capaz de dar una respuesta a la criminalidad organizada en cualquiera de sus manifestaciones. El terrorismo era su principal preocupación y una gran parte de su actividad la centró en desarrollar una estrategia para que de una vez por todas terminase, y creo sinceramente que nadie desde la justicia ha contribuido como él lo hizo en el fin de ETA. En las investigaciones por corrupción comenzaba a trabajar con idéntica perspectiva. Recayó en su juzgado Gürtel y se aplicó en la investigación como lo hacía con el narcotráfico o el terrorismo».
Ante la ausencia de respuesta, el periodista insiste: «yo le pregunto por la sentencia por la que fue inhabilitado». Y Delgado, repite: «no comparto en modo alguno ni los argumentos, ni el fallo. El fiscal no encontró argumentos penales para acusar a Garzón. La fiscalía le apoyaba en la medida de investigación de intervención de las comunicaciones a los imputados en prisión. Había indicios, como hemos comprobado, de que los investigados podían poner fuera del alcance de la justicia ingentes cantidades de dinero procedente de los hechos delictivos. Después un juez diferente a él mantuvo la intervención y, a diferencia de Garzón la utilizó para la práctica de nuevas diligencias, además la medida fue declarada acertada por otro magistrado del TSJ de Madrid… Nunca antes había sido sometido un supuesto similar ante el TS y la ley no prohibía la medida acordada… Así que no, no comparto la condena de Garzón».
Sin abandonar la cuestión Garzón, a Delgado se le pregunta de nuevo: «¿A qué atribuye la condena? ¿Cree que pudo ser una venganza? ¿Pudo haber motivos personales y/o políticos al margen del estricto punto de vista jurídico?». La respuesta de la ministra: «Yo tengo mi opinión al respecto, pero permítame que me la reserve».
Experta en yihadismo
Delgado llega con un amplio bagaje en la lucha contra el yihadismo, materia en la que es especialista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que ha ejercido como coordinadora de terrorismo internacional y de breve portavoz.
Preguntada por la actuación de los «países civilizados» contra el terrorismo, contestó que el líder de Al Qaeda, Bin Laden, «fue muerto en un acto de venganza. La justicia no tuvo nada que ver en ello. Lo mataron tropas estadounidenses que actuaron fuera de su territorio y sin el consentimiento de Pakistán. No hubo juicio. No se dio a las víctimas la oportunidad de ser oídas. De saber la verdad de lo que ocurrió. El mundo del terrorismo yihadista debía haber visto a su líder indiscutible sometido a la justicia».
Se marcha ahora del tribunal en el que lleva 25 años desarrollando su carrera -primero en la Fiscalía Antidroga y después en la de la Audiencia- habiendo conseguido recientemente una plaza en el renovado Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado.
De su labor en la Fiscalía Especial Antidroga destaca su aportación como acusación en la «Operación Temple», dirigida por Baltasar Garzón, con el que entabló una gran amistad. Esta estrecha relación con el exjuez le costó su amistad con el fue su jefe hasta el año pasado, Javier Zaragoza, que fue quien decidió su incorporación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras estar juntos en Antidroga.
Al inicio la sintonía entre ambos era evidente, pero las desavenencias entre ellos llegaron cuando Zaragoza se opuso a la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en el franquismo ordenada por Garzón, al considerar que no era competente para llevar a cabo esa investigación.
Entre su jefe y Garzón, optó finalmente por este último y le llegó a acompañar al Tribunal Supremo, junto a otros jueces como Santiago Pedraz, cuando el magistrado fue juzgado en el caso de la Memoria Histórica.
Dos ministros exconsejeros en la Andalucía de los ERE
Pedro Sánchez contará también con Luis Planas, nacido en Valencia y actual secretario general del Comité Económico y Social Europeo, como nuevo ministro de Agricultura.
Fue embajador de España en Marruecos y en la UE, así como consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía en dos ocasiones. En el año 2013, siendo consejero de Agricultura en el Gobierno de José Antonio Griñán, ahora investigado por el ‘caso ERE’ y para el que la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos, intentó competir con su entonces compañera de gabinete Susana Díaz, consejera de Presidencia, por la candidatura socialista a la Presidencia de la Junta.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, fue eurodiputado durante varios años e incluso llegó a ser vicepresidente del grupo socialista del Parlamento Europeo, hasta que en el año 1993 el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, le designó consejero de Agricultura y, más tarde, consejero de Presidencia.
La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, fue consejera de Salud de Andalucía -de 2004 a 2012-, y de Salud y Bienestar Social -de 2012 a 2013-, todo bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Montero está denunciada -junto a otros altos cargos- por la Asociación Justicia por la Sanidad por presuntos delitos de «prevaricación continuada» en la realización de «nombramientos ilegales» en la Sanidad autonómica desde 2007.
La denuncia se interpuso en octubre del pasado año ante el Juzgado de Instrucción «porque las intrigas políticas no caben en la Sanidad». La entidad acusó a Montero de «crear un sistema opaco» para «manipular caprichosamente el nombramiento de directivos y cargos intermedios en la Sanidad andaluza y marginando a sabiendas los principios constitucionales de igualdad, merito, capacidad y seguridad jurídica».
