El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorizó el pasado 15 de noviembre una adjudicación de 1.352.400 euros a una fundación privada cuya dirección está vinculada directamente al propio departamento. Según adelanta The Objective, la entidad beneficiaria, APIP-ACAM, fue creada y está presidida por Montserrat Font Sanmiguel, quien además forma parte del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio que encabeza Elma Saiz. La relación ha generado un intenso debate sobre posibles conflictos de interés después de que el hallazgo apareciera en el Portal de Contratación, difundido inicialmente por el usuario de X Canario Today.
El contrato contempla un paquete completo de servicios para 320 inmigrantes recién desplazados desde Canarias a la península: alojamiento, manutención, mantenimiento de instalaciones, seguridad, asistencia médica, transporte, acompañamiento social, así como apoyo en traducción e interpretación. La cuantía final implica un coste por persona de 4.226,25 euros. APIP-ACAM, con sede principal en Barcelona, ya había estado envuelta en la gestión de contingentes migratorios, como la llegada de 200 personas sin documentación a Tossa de Mar, donde se encargó de la reubicación y de los procesos de reagrupación familiar.
Uno de los puntos más controvertidos es la opacidad financiera de la fundación. Su web oficial no actualiza información económica desde 2017, último ejercicio en el que se hizo pública una memoria auditada. En ese documento se recogían casi 14 millones de euros en ingresos, procedentes en un 90% de fondos públicos. El grueso del gasto —diez millones— se destinaba a personal, una proporción del 66% que da idea de la estructura interna de la entidad, pero que también invita a examinar con detalle su eficiencia y su capacidad real para gestionar recursos públicos de gran volumen.
El hecho de que la organización no haya renovado su información económica en siete años plantea dudas sobre su idoneidad para recibir adjudicaciones millonarias en un contexto donde la política migratoria está sometida a fuerte escrutinio. Sin datos actualizados, es complicado evaluar su evolución financiera, su estabilidad o la forma en que gestiona los fondos que recibe de distintas administraciones.
La conexión entre la fundación y el Ministerio añade otra capa de discusión. Font Sanmiguel ocupa un puesto en el Consejo Asesor de Brecha de Género, una estructura creada por el departamento el pasado mes de mayo para asesorar a la ministra en decisiones con perspectiva de género. Este órgano se ha reunido únicamente en dos ocasiones: en la primera, se propuso integrar instalaciones de la Seguridad Social en la red de Puntos Violeta; en la segunda, celebrada el lunes, se abordó la protección de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, con la presencia de Elma Saiz, la ministra Ana Redondo y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La concesión del contrato a una fundación estrechamente vinculada a una de sus asesoras reabre así el debate sobre los límites de la contratación pública, la transparencia en el uso de fondos y la necesidad de mecanismos más estrictos para garantizar la ausencia de conflicto de interés en la administración.
