La presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de obra pública se ha ido extendiendo por distintas regiones de España a medida que han salido a la luz nuevas informaciones. No obstante, según las investigaciones de la Guardia Civil, el origen de la trama se sitúa en Navarra, tierra natal de Santos Cerdán. Los hechos han provocado una fuerte presión sobre la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, aunque también alcanzan a miembros actuales del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Entre ellos, se ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien entre 2022 y 2023 ocupó el cargo de consejera de Economía y Hacienda del Gobierno navarro, en un periodo clave para la adjudicación del proyecto de desdoblamiento del túnel de Belate. En enero de 2024, una UTE formada por Acciona, Construcciones Oses y Servinabar se adjudicó esta obra, valorada en 76 millones de euros.
Aunque el contrato del túnel de Belate no figura en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que precipitó la caída del número tres del PSOE, el Instituto Armado lo investiga actualmente. Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó la denuncia en septiembre de 2023 y señaló una serie de irregularidades en la adjudicación de la obra.
El caso del túnel de Belate es el que más compromete al Gobierno de Chivite, quien intenta desvincularse del escándalo. Sin embargo, UPN ha denunciado que desde el Ejecutivo foral se maniobró para proteger, mediante los presupuestos autonómicos de 2022 y 2023, al funcionario que presidió la mesa de contratación de la obra, evitando su jubilación. Esta medida, según UPN, habría beneficiado directamente al citado funcionario, y su máxima responsable política en ese momento era Elma Saiz.
