El Congreso de los Diputados aprobará una reforma de la Ley que criminalizará a quienes no acepten la versión oficial de la historia que pretenden imponer.
Aprovechando la situación que se vive en Cataluña, y con la atención de los medios de comunicación puestos en el fracaso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el grupo parlamentario del PSOE ha presentado una reforma de la Ley de Memoria Histórica que pretende establecer una versión única de la historia a la vez que el castigo judicial de cuanto español pretenda disentir de esa versión. Es una imposición que proviene de la izquierda más revanchista, pero que contará con el apoyo de Ciudadanos, que ya ha anunciado que apoya el nuevo texto, y la abstención del PP, que nuevamente se sumerge en su abstención cómplice.
El articulado del nuevo proyecto legal sobre la memoria histórica tipifica como delito el enaltecimiento de la labor política del franquismo, así como la oposición a los dictados de la nueva ley que se pretende aprobar. Ningún español tendrá la posibilidad de mantener una postura, aunque intelectualmente considere que tiene razón, que no concuerde con la establecida por el nuevo texto de la memoria histórica.
En el caso de los políticos, la situación se complica. En su caso, cualquier responsable público del que se considere que dificulta la aplicación de la nueva ley -por ejemplo alguno que no retire un vestigio del franquismo-, será penado.
Se ha pasado del modelo impuesto por José Luis Rodríguez Zapatero –el adoctrinamiento- a la imposición coactiva por la vía penal de una versión que está adulterada ideológicamente por la izquierda más revanchista.
De nuevo, comité de ‘expertos’
Pero no es la única vuelta de tuerca que da el nuevo texto legal que se va a aprobar. Se formará un comité de expertos, todos ellos de la misma tendencia política e ideológica, cabe esperar. Que serán los únicos autorizados para establecer la versión de la historia sobre el franquismo y la Guerra Civil que todos estaremos obligados a considerar como la auténtica.
Ese comité será designado por los partidos políticos, con la incrustación de dos observadores internacionales. Es decir, que los mismos políticos que van a implantar la versión de la historia que se convertirá en oficial, serán los encargados de designar a quienes deben velar por la “objetividad” de su aplicación.
El texto pretende obligar que se dote económicamente la eliminación de los vestigios del franquismo y la exhumación de las fosas de la Guerra Civil. Ni que decir tiene que las fosas que se abrirán seguirán siendo solamente las de un bando y que los vestigios que honran a criminales de la izquierda seguirán luciendo en las calles de los municipios de España.
Las víctimas, de primera y de segunda
También la nueva ley establecerá un gran archivo de ADN para la identificación de las víctimas. Un archivo que incluirá muestras de todos los parientes vivos que hayan denunciado alguna desaparición hasta tres generaciones de descendientes. Además, se reconocerá el derecho a una indemnización económica para todos los denunciantes, se encuentre o no el resto de la persona desaparecida. Una consideración que no se tiene con los familiares de los crímenes recientes y, mucho menos, con las víctimas del terrorismo.
Otra de las aportaciones de la nueva ley afecta al derecho a la propiedad privada. Todo aquel propietario de un terreno en el que se denuncie la existencia de una fosa está obligado a ceder para su estudio su propiedad. Se le aplicará la normativa de expropiación por cuestiones de interés general, aunque no exista constancia de la existencia de restos.
Mención especial se debe hacer a los planes que tienen para el Valle de los Caídos que será convertido en un centro de la memoria histórica. Perderá la consideración legal que tiene hasta este momento y se disolverá la Fundación y el patronato que rige su funcionamiento. Se desacralizará la Basílica de la Santa Cruz y se extraerán todos los restos allí enterrados, empezando por el de Francisco Franco, que será entregado a su familia.
El Valle de los Caídos
El conjunto monumental del Valle de los Caídos perderá la concepción que tenía de monumento a los caídos de ambos bandos, porque la izquierda española pretende que quede en el recuerdo como el mausoleo de Franco, algo que nunca ha sido. Y se perderá la idea de su fundación que no fue otra que la de cerrar las heridas abiertas por la guerra y el inicio de la reconciliación nacional.
La nueva ley, que será aprobada casi sin enmiendas, es la mejor medida para reabrir las viejas heridas que empezaron a cicatrizar hace ochenta años, tras la guerra, y que la izquierda española lleva empeñada en reabrir más de una década, desde la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica de Zapatero.
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