La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, acordada entre el PSOE, Sumar y EH Bildu, ha generado una fuerte controversia entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, quienes rechazan las reformas propuestas. La norma, que será implementada en seis meses, contempla el fin de las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, así como la prohibición del uso de pelotas de goma por las fuerzas de seguridad, lo que ha suscitado críticas entre estos colectivos —según adelanta El Faro de Melilla—.
Ibón Domínguez, portavoz de Justicia Policial (JUPOL), manifestó su «rechazo total» a la modificación de la ley, alegando que supone una «pérdida del principio de autoridad», especialmente en situaciones de desobediencia y faltas de respeto hacia los agentes, que ahora pasarán de ser infracciones graves a leves. Domínguez también calificó de «despropósito» la prohibición de las pelotas de goma, argumentando que su uso se limita a «manifestaciones violentas» y advirtió de un posible aumento de lesiones tanto entre los manifestantes como entre los agentes, al reducirse las herramientas defensivas a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también criticó duramente la reforma, señalando que, en lugar de reforzar el principio de autoridad, lo debilita al «facilitar conductas contrarias a la ley» y despojar a los agentes de sus herramientas fundamentales para el mantenimiento del orden público. El SUP subrayó que la modificación no ha contado con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reiteró que ya existen marcos legales tanto nacionales como internacionales que regulan la actuación en fronteras, incluyendo las devoluciones en caliente.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) calificó la reforma como «el mayor ataque a la operatividad policial desde la llegada de la democracia». La organización sostiene que la reducción de las sanciones por desobediencia y la eliminación del uso de pelotas de goma dejan a los agentes en una situación de «desprotección» y aumento de riesgos en su labor diaria.
La Unión Federal de Policía (UFP), aunque no valoró específicamente las medidas del acuerdo, lamentó la «falta de reconocimiento» hacia la labor policial y la constante «cuestionamiento» de su trabajo, lo que considera que debilita su capacidad para cumplir con sus funciones. La organización reclamó que cualquier cambio en la legislación se traduzca en «mejoras reales» que aseguren que los agentes puedan desempeñar su trabajo con «las máximas garantías jurídicas».
Desde la Guardia Civil, Jucil expresó su «rotunda oposición» a la nueva normativa, argumentando que la reforma pone en peligro la vida de los agentes al limitar su capacidad de actuación en situaciones críticas, como los saltos masivos en la frontera de Ceuta y Melilla. Agustín Leal, portavoz de Jucil, criticó que la conversión de las infracciones de desobediencia y resistencia en faltas leves, junto con la prohibición de las pelotas de goma, «desarma» a los guardias civiles, comprometiendo tanto su integridad física como su seguridad jurídica.
Finalmente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigió que se refuerce el principio de autoridad mediante una reforma del código penal que aumente las penas por agresión a los agentes. La AUGC advirtió que, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu, los agentes quedarán «atados de pies y manos» en el desempeño de su trabajo diario.
