La okupación se consolida como una plaga en el País Vasco, donde los detenidos por este delito se han multiplicado por cinco desde 2018, según datos oficiales del Gobierno autonómico recogidos a través del Portal de Transparencia. En concreto, el número de arrestos ha pasado de 181 en 2018 a 899 en 2024, lo que supone un aumento del 396,69% en apenas seis años.
La tendencia al alza se mantiene de forma ininterrumpida desde entonces. En 2019 se contabilizaron 215 detenciones, en 2020 fueron 315, y en 2021 se alcanzaron las 362. Ya en 2022 se registraron 367, que aumentaron a 507 en 2023 y se dispararon a 899 el pasado año, lo que supone un incremento del 77% en solo un año.
Por territorios, Guipúzcoa encabeza el listado con 439 detenidos en 2024, seguida de Vizcaya (299) y Álava (161). Esta última ha sufrido un incremento del 600%, frente al 153% de Vizcaya y al descomunal 997% en Guipúzcoa.
El informe revela además que 223 de los arrestos estuvieron relacionados con allanamientos de morada, domicilios de personas jurídicas y establecimientos, mientras que 676 fueron por usurpación de bienes inmuebles.
La okupación en el País Vasco no es sólo un problema de seguridad jurídica. Está estrechamente vinculada a movimientos políticos de extrema izquierda que han convertido la toma de inmuebles en una forma de activismo antisistema. Uno de los ejemplos más notorios es Errekaleor Bizirik, un barrio entero okupado desde 2013 en Vitoria-Gasteiz, donde grupos de jóvenes se han instalado en viviendas abandonadas con el beneplácito de ciertos sectores políticos y vecinales.
También proliferan los gaztetxes, centros autogestionados que sirven de plataforma a estos grupos, detalla The Objective. El pasado 4 de abril, cientos de personas —principalmente jóvenes— salieron a las calles de Bilbao para protestar contra el desalojo del gaztetxe de Rekalde, okupado ilegalmente durante una década.
Pese al constante aumento de detenciones, la okupación continúa creciendo bajo el amparo del silencio institucional y la tibieza legal, dejando a miles de propietarios desprotegidos frente a un fenómeno que cada año gana más terreno y legitimación social en la región.
