La ONG APIP-ACAM ha recibido del Gobierno un total de 14 millones de euros en concepto de subvenciones e ingresos públicos, lo que representa casi el 90% de sus ingresos. Con estas partidas económicas, están siendo los encargados de gestionar la llegada de inmigrantes ilegales a la Península desde Canarias. El último caso, en Tossa de Mar (Gerona), un pequeño pueblo de tan sólo 6.000 habitantes que recibirá a 200 inmigrantes, lo que sería el equivalente a que Barcelona recibiera de pronto a cerca de 54.000 personas.
El alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, miembro de Junts, ha expresado su preocupación por el número elevado de inmigrantes que ha sido enviado a la localidad, la cual todavía está en plena temporada turística. Según Pujals, la cifra de personas acogidas es desproporcionada para un municipio de su tamaño, comparándolo con Blanes, que, a pesar de tener una población ocho veces mayor, ha recibido el mismo número de inmigrantes.
Aunque el alcalde ha manifestado su descontento, ha admitido que no puede oponerse a la distribución de estas personas. Los inmigrantes serán alojados en un hotel de la zona durante, en principio, aproximadamente un mes, mientras se examinan sus casos de manera individual. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha aclarado si la estancia podría prolongarse.
La organización no gubernamental APIP-ACAM jugará un papel clave en la gestión de la llegada y estancia de los solicitantes de asilo en Tossa de Mar, tal y como ha adelantado el diario e-noticíes. Esta ONG se encargará de coordinar el alojamiento, la reubicación y los procesos de reagrupación familiar. No obstante, APIP-ACAM, al igual que otras ONG implicadas en la gestión de la inmigración, ha sido objeto de crecientes críticas por su papel en la gestión de estas personas, que a menudo se vincula a redes de tráfico ilegal y corrupción en los países de origen.
Estas organizaciones, aunque sean entidades privadas, suelen depender en gran medida de fondos públicos para realizar su labor. En el caso de APIP-ACAM, el gasto en personal asciende a 10 millones de euros, lo que representa el 66% de sus ingresos. A pesar de manejar grandes cantidades de dinero y estar en el centro del debate migratorio, resulta curioso que la ONG no haya actualizado sus cuentas auditadas desde hace siete años, siendo la última información financiera disponible del año 2017.
