En los últimos dos años y medio, desde enero de 2023 hasta el verano de este año, España ha registrado la llegada de 140.710 inmigrantes ilegales a través de rutas marítimas y terrestres, según datos de FRONTEX consultados por LA GACETA. De ellos, un tercio procede de Marruecos y Argelia: 25.414 marroquíes, que representan el 18,06% del total, y 20.922 argelinos, equivalentes al 14,87%. Juntos, estos dos países de origen suman el 32,93% de las entradas ilegales en los dos últimos años y medio.
Sin embargo, el verdadero drama se desata cuando estos inmigrantes cometen delitos graves. Casos como el de un marroquí detenido en Albacete por la violación y asesinato de un compatriota, por el que la Fiscalía pide prisión permanente revisable, o el de otro marroquí arrestado en Vallecas por una violación con sumisión química cerca de una discoteca, ilustran la gravedad de algunos incidentes. No son aislados, aún muchos vecinos del barrio de Hortaleza, en Madrid, recuerdan la aterradora violación de una menor de 14 años, a manos de un inmigrante ilegal de origen marroquí.
El patrón se repite con argelinos. En Valencia, un inmigrante de esta nacionalidad fue arrestado por violar a una mujer de 46 años en una chabola, amenazándola con un cuchillo, mientras que otro, en situación ilegal, cometió una agresión similar con intento de estrangulamiento. En Baleares, la Fiscalía solicita seis años de prisión para un argelino por abusos sexuales continuados contra la hija de 11 años de su familia de acogida. Estos episodios, documentados en hemerotecas de los últimos tres años, no sólo alarman a la sociedad, sino que exponen a su vez un problema sistémico, la imposibilidad de expulsar a estos delincuentes condenados.
En el núcleo de esta crisis está la nula colaboración de Marruecos y Argelia, un hecho reconocido por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional y trasladado a la Fiscalía General del Estado, según pone de manifiesto información del Ministerio Fiscal consultada por este medio.
Los fiscales llegan a admitir dificultades extremas para expulsar a ciudadanos de Marruecos y Argelia, ya que sus embajadas y consulados se niegan de forma sistemática a proporcionar la documentación necesaria para identificar y repatriar a sus nacionales. Por ejemplo, la fiscal delegada en Sevilla explica que la UCRIF informó repetidamente a los jueces sobre esta situación, lo que lleva a declarar la «imposibilidad de materialización» de la expulsión. Esto significa que, en la práctica, estos inmigrantes no pueden ser devueltos, quedando libres en España pese a sus condenas. A día de hoy, no existe solución efectiva, España acumula cientos de casos en el limbo, con delincuentes que, tras cumplir penas parciales, quedan en libertad condicional o en centros de internamiento por falta de vías de retorno.
Esta parálisis no es casual. Con Argelia, por ejemplo, las tensiones diplomáticas por el Sáhara Occidental —donde Madrid mantiene una postura ambigua que irrita a Argel— han congelado cualquier cooperación en materia migratoria. El resultado es un descontrol evidente. Mientras FRONTEX alerta de un aumento de más del 20% en las rutas del Mediterráneo con destino a España, la UCRIF documenta cómo países como Senegal o Mauritania colaboran en expulsiones, pero Marruecos y Argelia actúan como puertas giratorias para sus nacionales problemáticos.
