Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han hallado dinero en metálico oculto en el domicilio de José Antonio Marco Sanjuán, antiguo alto cargo vinculado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el marco de una investigación por presunta corrupción.
El operativo policial, autorizado judicialmente tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de cohecho y adelantado por El Debate, se desarrolló el pasado 11 de febrero en una vivienda situada en el barrio vallisoletano de Parquesol. La actuación se prolongó durante varias horas y se llevó a cabo con discreción, inspeccionándose tanto las zonas comunes como las habitaciones privadas del inmueble, de unos 140 metros cuadrados.
Fue en una estancia utilizada como despacho donde los agentes localizaron el efectivo. El dinero estaba escondido entre libros colocados en una estantería, en su mayoría especializados en derecho tributario y económico. Al revisar uno a uno los volúmenes, los investigadores descubrieron fajos de billetes —principalmente de 50 euros— camuflados entre sus páginas, una disposición que dificultaba su detección sin un examen minucioso.
Aunque por el momento no ha trascendido la cuantía total intervenida, la presencia de efectivo refuerza las sospechas de los investigadores, que tratan de esclarecer si Marco Sanjuán habría percibido pagos irregulares a cambio de favorecer a empresarios en litigios fiscales. Estas actuaciones estarían relacionadas con su etapa al frente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), institución que presidió durante siete años.
La investigación se originó meses atrás, después de que la Fiscalía recibiera una denuncia del sindicato Manos Limpias, motivada por diversas informaciones periodísticas que apuntaban a un supuesto sistema de cobro de comisiones. Según esas revelaciones, algunos empresarios habrían abonado importantes cantidades para obtener resoluciones favorables en procedimientos con la Agencia Tributaria.
Entre los episodios señalados figura el presunto pago de 100.000 euros para lograr la anulación de una reclamación fiscal. Las entregas se habrían realizado en encuentros discretos, como citas en cafeterías cercanas al despacho oficial del investigado en el Paseo de la Castellana, en Madrid. En mensajes intercambiados con uno de los implicados se describía la operativa: se concertaban reuniones con cambios de ubicación y horario, y el dinero se entregaba en efectivo.
En esas mismas comunicaciones, el exalto cargo dejaba entrever que el dinero no se destinaba exclusivamente a él, sugiriendo la posible participación de terceros en el reparto de las cantidades. Este extremo forma parte ahora de las líneas de investigación abiertas, que buscan determinar si existía una red más amplia implicada en los hechos.
La querella presentada por Anticorrupción no se limita únicamente a Marco Sanjuán, sino que alcanza también a otras quince personas, todas ellas investigadas por su presunta implicación en delitos de cohecho. El foco está puesto en una posible manipulación de resoluciones tributarias a cambio de compensaciones económicas.
Antes de que la investigación saliera a la luz —tras permanecer bajo secreto durante nueve meses—, María Jesús Montero había defendido públicamente a su colaborador, calificando de «bulos» las informaciones que apuntaban a estas prácticas. Incluso tras su dimisión, reiteró su respaldo, asegurando confiar plenamente en su trayectoria profesional.
