La regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno amenaza con provocar un importante colapso en la expedición de las tarjetas de identidad para extranjeros (TIE), según advierten altos mandos de la Policía Nacional especializados en Extranjería y ha avanzado El Mundo. Los responsables policiales sostienen que el verdadero problema comenzará cuando concluya la fase de regularización y los expedientes lleguen a las brigadas encargadas de documentar a los nuevos residentes legales.
Las mismas fuentes aseguran que el Ministerio del Interior ya ha sido advertido de la situación y consideran que las unidades policiales carecen de medios suficientes para atender un volumen que supera los 1,2 millones de solicitudes. A ello se suman la escasez de personal, las limitaciones técnicas y el riesgo de que las redes dedicadas al tráfico de citas vuelvan a saturar el sistema, dificultando aún más la obtención de la documentación.
Uno de los principales focos de preocupación es el mercado ilegal de citas previas. Según explican fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema, grupos organizados utilizan programas informáticos para acaparar las reservas disponibles y posteriormente revenderlas por importes que pueden oscilar entre los 100 y los 2.000 euros. Una vez reciben el pago, introducen los datos del comprador y formalizan la cita, impidiendo mientras tanto que otros solicitantes puedan acceder a ella.
Los mandos policiales también muestran su malestar por el reparto de competencias realizado por el Ejecutivo. Denuncian que el proceso de regularización ha quedado en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, mientras que la participación de la Policía Nacional se limitará, según afirman, a la emisión de las tarjetas una vez los expedientes hayan sido validados. A su juicio, esta decisión reduce la capacidad de control de los especialistas en Extranjería y puede dificultar la comprobación de la autenticidad de la documentación o de posibles antecedentes penales.
Las previsiones manejadas por estos responsables apuntan además a que el impacto de la regularización podría ser muy superior al inicialmente previsto. Calculan que, como consecuencia de las futuras solicitudes de reagrupación familiar, el número de nuevos residentes legales podría alcanzar los tres millones de personas en aproximadamente un año. Los especialistas alertan de que este escenario podría ser aprovechado por organizaciones dedicadas al fraude documental mediante la falsificación de vínculos familiares o la utilización de documentación irregular para acceder al procedimiento.
La preocupación de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no es reciente. Desde el inicio de la reforma, responsables policiales trasladaron sus reservas al Ejecutivo y reclamaron instrucciones claras sobre cómo afrontar una medida de gran alcance. En un informe interno firmado por el comisario jefe central de Operaciones, Alfredo García Miravete, se cuestionaba la justificación de la «urgencia social» esgrimida por el Gobierno y se advertía de que la reforma podía acarrear importantes consecuencias negativas, entre ellas un aumento de la desconfianza social y una mayor presión sobre los recursos policiales y administrativos.
