Los agentes garantizarán la seguridad de los españoles, pero veamos a costa de qué…
Nos encontramos en un nivel 4 alto de alerta terrorista, lo que supone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están en una situación de alerta permanente por un riesgo de atentado alto en nuestro territorio nacional. Miles de efectivos de las unidades mejor preparadas de Policía Nacional y Guardia Civil se encuentran desplazadas a Cataluña desde el mes de septiembre para recuperar la legalidad en esa región de España ante el desafío separatista y la celebración de las próximas elecciones del 21 de diciembre.
Por si todo esto fuera poco, el pasado 6 de diciembre ISIS era derrotado en Siria y unos días después en Iraq, dejanda al califato sin presencia en lo que era su territorio principal en el que controlaba casi 100.000 kilómetros cuadrados. Una victoria que debe alegrar a toda la sociedad, pero que tiene un lado negativo que consiste en que cada vez que ISIS ha recibido una derrota militar, ha intensificado sus ataques contra Occidente.
La actuación de posibles lobos solitarios o de células, como la que el pasado mes de agosto atentó en Barcelona, es más probable en los próximos meses. Un escenario con el que ya trabaja el Ministerio del Interior, pero que tiene difícil solución ante la escasez de efectivos que padecen Policía Nacional y Guardia Civil.
La situación se complica aun más con la posible vuelta de islamistas retornados. Ciudadanos occidentales que se han radicalizado y que han viajado a combatir junto a ISIS o alguno de sus grupos filiales. Interior tiene identificados a más de un centenar de personas con nacionalidad española que se han alistado para luchar en estos grupos. Son personas que han recibido instrucción militar y en el manejo de explosivos y que podrían atentar en cualquier momento en nuestro país.
De momento se ha empezado el refuerzo de la seguridad en instalaciones críticas -centros de importancia logística como centrales nucleares, aeropuertos, estaciones,…- pero el problema llegará a la hora de dotar de efectivos a los dispositivos que se planifiquen en zonas de gran cantidad de afluencia de personas en las principales ciudades de nuestro país.
La carencia de efectivos en las unidades de seguridad ciudadana por su desplazamiento a Cataluña se ve complicada por la cantidad de plazas sin dotar dentro de la Policía Nacional, encargada de la seguridad dentro de las grandes ciudades. Actualmente hay cerca de 66.000 policías nacionales activos, lo que supone que faltan unas 12.000 plazas por cubrir dentro del cuerpo.
Si a esto sumamos que muchos de los efectivos desplazados a Cataluña, que llevan allí tres meses, deben descansar antes de reincorporarse de nuevo al servicio, la Policía Nacional se encuentra en cuadro.
Para cubrir esos desplazamientos, se han corrido los servicios para cubrir los puestos fijos -servicios de vigilancia estática realizados principalmente por la UPR (Unidad de Prevención y Reacción)- que ahora cubren los efectivos de zetas en detrimento de la asistencia a los ciudadanos.
Desde los sindicatos policiales llevan denunciando la mala planificación del desplazamiento a Cataluña, donde se mantienen cerca de 2.200 efectivos cuando no son necesarios tantos. Las mismas fuentes explican que la seguridad está garantizada, como siempre, pero es a costa del sobre esfuerzo realizado por los agentes que llevan desde septiembre doblando turnos y asumiendo responsabilidades por encima de sus atribuciones.
