La Audiencia de Almería ha juzgado a principios de octubre a 19 inmigrantes de nacionalidad marroquí y argelina acusados de formar parte de una red criminal dedicada al transporte clandestino de inmigrantes ilegales por carretera. Esta operación, desmantelada por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Policía Nacional, revela una realidad alarmante. Las mafias de la inmigración ilegal, antes limitadas a operar desde los países de origen, se han asentado en suelo español aprovechando la porosidad de nuestras fronteras para lucrarse con un negocio delictivo que mueve millones de euros.
Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, los acusados obtenían información de terceros sobre la llegada de pateras a las costas de Almería y Cádiz. Organizados en una red con dos grupos diferenciados y algunos operando de forma independiente, contactaban con los inmigrantes o sus familias para ofrecer traslados por carretera desde Andalucía hacia destinos como Murcia, Alicante, Tarragona o Barcelona. Este entramado operó al menos entre mayo y octubre de 2019.
Los traficantes exigían sumas considerables, 450 euros por trasladar a una persona de Almería a Alicante, hasta 1.000 euros por llevar a seis inmigrantes a la estación de autobuses de Alicante, o 30 euros por un trayecto corto desde la playa hasta la estación de Almería sirviéndose de una logística que la red criminal tenía en propiedad. En ocasiones, los traslados no se realizaban si los inmigrantes ilegales no podían pagar lo exigido. Los destinos incluían municipios almerienses, localidades murcianas como Torrepacheco y Callosa de Segura, y ciudades más lejanas como Tarragona o Barcelona.
En los registros de las viviendas de los principales sospechosos, ubicadas en Almería y Alicante, la Policía incautó hasta 18.500 euros en efectivo, fruto de esta actividad ilícita. La Fiscalía imputó 13 delitos contra los derechos de las personas extranjeras y favorecimiento de la inmigración ilegal, solicitando penas de siete años de prisión para los dos cabecillas, seis años para la mayoría de los procesados, y hasta nueve meses para los de menor rango. Los 19 acusados fueron juzgados en tres sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería por los delitos expuestos, decretándose pena de prisión para la mayoría de los implicados.
Este caso expone la gravedad de un fenómeno sin precedentes: las mafias de la inmigración ilegal han establecido una infraestructura criminal en España, operando con descaro en puntos como Cabo de Gata.
