El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que declarará como Bien de Interés Cultural (BIC) a la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, una institución musical vinculada a la comunidad benedictina que cuida el conjunto monumental. Sin embargo, este reconocimiento no protege a los monjes responsables de la formación de los niños, a quienes el gobierno de Pedro Sánchez pretende desalojar para llevar a cabo una resignificación del lugar.
La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid ha explicado que iniciará los procedimientos necesarios para otorgar este estatus a la escolanía, destacando su papel fundamental en la conservación de la tradición oral y su contribución al patrimonio musical. Pese a esta distinción, el inmueble donde se desarrollan las actividades educativas y musicales no estará protegido, ni se otorgará ningún tipo de amparo legal a los monjes.
Desde la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos han aplaudido esta decisión, calificándola como un «primer paso importante», aunque insisten en que el conjunto monumental en su totalidad también debería ser protegido. En su opinión, la declaración de la escolanía como BIC es un logro, pero no suficiente para detener los planes del gobierno central de expulsar a los monjes.
Fuentes cercanas al Valle han asegurado al diario El Debate que este reconocimiento es una noticia positiva para la cultura musical europea, destacando la importancia de ambas escolanías en la preservación de repertorios históricos, como el canto gregoriano y la polifonía. No obstante, subrayan que aún queda trabajo por hacer, ya que el complejo en su conjunto sigue sin contar con una protección oficial.
Fundada en 1958 por los benedictinos, la Escolanía del Valle de los Caídos goza de un prestigio internacional. Está formada actualmente por 40 niños de entre 8 y 16 años, quienes interpretan un repertorio que va desde la música medieval hasta polifonías sagradas y profanas de distintas épocas.
Pese a este importante reconocimiento, desde la asociación en defensa del lugar señalan que la Comunidad de Madrid aún tiene cuestiones pendientes respecto al Valle, y no puede desentenderse de la situación actual. Asimismo, esperan que este sea un punto de inflexión para frenar los intentos del gobierno de Sánchez de expulsar a los religiosos que habitan el recinto.
