La invasión inmigratoria que se está produciendo, de hecho en toda Europa, bajo la mirada complaciente de gran parte de las “élites” gobernantes, dibuja un paisaje desolador para el continente. En medio de una feroz crisis de precios, con incrementos brutales en productos de primera necesidad, como la alimentación, la energía y el combustible. Solo unos pocos, aun aceptando el insulto o el etiquetaje propagandístico por parte de los medios de comunicación de masas y de esos “intelectuales” de medio pelo que han florecido en las universidades europeas, seguiremos insistiendo en la denuncia de los hechos ocultados sistemáticamente.
Una de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, al que me refería en mi anterior artículo, es que los datos existentes no permiten realizar un seguimiento exhaustivo de las entradas ilegales, los retornos adoptados, y los retornos efectivamente ejecutados. Los españoles, y por extensión, todos los europeos, viven a oscuras de la realidad por ese proceso pernicioso: ocultación de datos reales, ocultación de la realidad por los medios de comunicación sostenidos con fondos públicos, manipulación de los “intelectuales” y “tertulianos” de salón. Mientras, nuestras costas saturadas de barcazas de las mafias que desembarcan ilegales, y nuestras plazas y barrios saturados de violencia, caos, desorden e inseguridad.
Eurostat, oficina estadística de la Comisión Europea, ofrece datos cerrados a 1 de enero de 2021. El retraso de información completa es desolador. Ya sabemos que fiable no es.
A dicha fecha, había 447,2 millones de habitantes en la Unión Europea, de los cuales 37,5 millones no son nacidos en la Unión, y 23,7 millones no eran ciudadanos de los Estados de la Unión, de modo que hay 14,2 millones de personas que ya han adquirido nacionalidad de un estado miembro por mera residencia.
Uno de los más devastadores elementos que conforman el efecto llamada son las reclamaciones permanentes por parte de gobernantes de la Unión a la llegada masiva de inmigrantes a Europa para “resolver” los problemas de necesidad de mano de obra. Desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo y desde gobiernos como el de España se lanzó hace meses aquello de que Europa necesita 60 millones de inmigrantes para cubrir las necesidades de empleo. Pero Grullo, nuestro amigo del sentido común, diría que lo que se quiere es mano de obra barata que expulse definitivamente del mercado laboral a gran parte de los jóvenes europeos y que facilite mantener las rentabilidades empresariales.
Pero el dato mata el relato, ya sabemos. O mejor, nos permite construir un relato más justo y verdadero. El informe de Eurostat reconoce que solo 17 de cada 100 inmigrantes residentes en Europa han obtenido su permiso por razones de trabajo; el 40 por ciento lo obtuvo por reagrupación familiar, solo el 9 por ciento por asilo (refugio), el 3 por ciento por motivos educativos y el restante 32 por ciento se mete en un cajón de sastre bajo la categoría de “otros”. Ese “otros” lo dejo a la rica imaginación del lector.
A 1 de enero de 2021, la tasa de empleo en los europeos de entre 20 y 64 años es del 73,1 por ciento; entre los inmigrantes de la misma edad, el 57,5 por ciento; de lo que se colige que no es cierto cuanto se argumentó acerca del “mercado” de trabajo. Mercado mucho, trabajo más bien poco. Y cuidado, es una media europea; que ya sabemos que nuestros datos de desempleo son desalentadores en la comparativa con otras naciones europeas.
Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro correspondieron a España, con un 12,6 por ciento; Grecia, con un 12,3 por ciento; e Italia, con un 8,1 por ciento. Le siguen Suecia (7,6 por ciento), Francia (7,1 por ciento) y Finlandia (6,5 por ciento). Si nos fijamos en la tasa de paro de juvenil, en España fue del 27,9 por ciento, la segunda más alta entre los Veintisiete, por detrás del 29,5 por ciento de Grecia y por delante del 23,1 por ciento de Italia.
Sigamos con los datos escalofriantes. En toda la Unión, en 2021 se contabilizaron 200.000 entradas ilegales de extranjeros; un incremento del 60 por ciento respecto de 2020, de lo que se colige que cerrar las fronteras protege. En 2020, se dictaron en la UE 396.400 órdenes de expulsión del territorio europeo a extranjeros. Sólo 70.200, esto es, el 18 por ciento se ejecutaron; de modo que hay, al menos, 326.000 extranjeros ilegales en Europa que circulan y residen con una orden de expulsión vigente, solo en un año. ¿Quién les sostiene económicamente? La respuesta la sabemos: todos nosotros. Con nuestros impuestos, que se distribuyen luego en ayudas directas a la vivienda, a la manutención, a la educación; sostenimiento de las redes asistenciales privadas sostenidas con fondos públicos; sistemas de salud y pensiones públicas. Y sólo de un año, repito.
Solo vemos la punta del iceberg; iceberg que crece todos los días exponencialmente. En las costas de Canarias, Almería, Melilla o Baleares.
Estamos ante una invasión inmigratoria y hay que decirlo todos los días.
