El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores inmigrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. El PP ha avanzado su «no», tras rechazar Moncloa sus condiciones, y ERC, Junts y VOX también se han posicionado en contra.
La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria se registró el pasado lunes en el Congreso. Del texto de la misma se desprende que el Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se trasladen desde Canarias, Melilla o Ceuta a los menas en caso de sobreocupación en estas regiones.
Asimismo, la proposición de Ley fija que en un año se debe resolver con traslados la sobreocupación actual en Canarias, Ceuta y Melilla. Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación una situación que ya se produce en estos momentos (actualmente tiene 6.000 menas). Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249. La iniciativa no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto.
En cuanto a los grupos parlamentarios, VOX ha rechazado desde el principio la propuesta y, en la misma línea, se encuentra Junts, que ha señalado que no apoyará la iniciativa si no se excluye del reparto a Cataluña. En todo caso, el Ejecutivo ha subrayado que el reparto será «vinculante para todas las comunidades».
Tras un contacto este fin de semana entre el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el PP anunció que no puede facilitar la tramitación de una ley que, según fuentes populares, «se basa en la imposición y no en el diálogo». El propio Feijoo ha asegurado este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP —máximo órgano del partido entre congresos— que Sánchez debería hacer «cesiones», como hace con sus socios parlamentarios, si quiere el apoyo del Grupo Popular a la reforma de la Ley de Extranjería.
Los populares planteaban declarar la emergencia migratoria «para todo el territorio nacional», no sólo para Canarias, Ceuta y Melilla; ofrecer financiación a las CCAA; implicación del Gobierno en la gestión de menores; mayor control de las fronteras; negociaciones con Europa para que tome medidas; inversiones y acuerdos con los países de origen.
Además, el PP ponía como exigencia que el reparto fuera siempre para todas las autonomías, sin excepción, tras el rechazo de Junts en Cataluña. «Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en las últimas semanas», dice el PP en el documento remitido a Torres.
En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado confiada en que el PP «como mínimo se abstenga» este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados mientras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a los de Feijoo de abrazar los mensajes «xenófobos» de VOX, además de indicar que «no caben medias tintas» en la reforma de la Ley.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha descartado este lunes la posibilidad de que el Grupo Socialista retire la reforma si no logra el apoyo suficiente. En este sentido, el portavoz socialista considera que en esta cuestión «cabe poca negociación» o «uno es solidario de verdad o lo es de boquilla y la solidaridad se demuestra con acciones políticas y en esta ocasión acogiendo a niños que se han ido de sus países por hambre, por guerras, por miseria».
Decreto-ley
Respecto al «plan b» si la proposición no sale adelante, el ministro Torres deslizó el jueves que el Gobierno está dispuesto a aprobar como Decreto-Ley la reforma de la Ley de Extranjería en Consejo de Ministros, tal y como ha reclamado Canarias, si cuenta con el apoyo del PP, con el fin de que se aplique de forma inmediata.
«Es más, si el Partido Popular nos traslada su apoyo, el Gobierno la llevará al Consejo de Ministros como decreto-ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí del PP 30 días después. Pero sin ese apoyo no es posible convalidarlo», señaló. A su juicio, es «preciso, imprescindible y básico» que el PP dé su apoyo y colabore luego en la medida.
Precisamente, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar el 10 de junio, Gobierno y comunidades aprobaron el reparto voluntario de 347 menas, con una dotación de 20 millones de euros. Así, está previsto que Andalucía acoja a 30 menores, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.
