El real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para «regularizar» a más 500.000 inmigrantes ilegales—una cifra que, según diversas estimaciones, podría alcanzar hasta los dos millones— sigue desvelando aspectos controvertidos. Según publica The Objective, entre ellos, estaría una medida que ha pasado prácticamente inadvertida pero que está generando preocupación en ámbitos jurídicos y policiales: el archivo automático de procedimientos de expulsión.
Según recoge la disposición adicional vigésima en su punto quinto, «en los supuestos en los que la persona solicitante se encuentre afectada por un procedimiento de devolución o expulsión (…), la concesión de la autorización prevista (…) supondrá el archivo del procedimiento de expulsión o devolución y, en su caso, la revocación de la orden». Este punto implica, en la práctica, que quienes se acojan a la «regularización» podrán ver anuladas sus órdenes de expulsión.
Para la jurista y abogada del Estado Patricia García-Gallardo, esta medida constituye «una amnistía encubierta en toda regla». Según advierte, «cualquier orden de devolución o expulsión que estuviera en trámite o incluso ya acordada dará lugar al archivo del procedimiento o a la revocación». Las infracciones a las que se refiere la norma incluyen situaciones como la «estancia irregular» o el trabajo sin permiso, consideradas graves en la legislación vigente.
El real decreto establece además requisitos mínimos para acceder a la «regularización». Bastará con acreditar una permanencia de cinco meses en España y carecer de antecedentes penales. A partir de ahí, los solicitantes deberán cumplimentar un formulario en el que se declaran «vulnerables», condición que deberá ser avalada por servicios sociales o entidades colaboradoras.
Sin embargo, el concepto de «vulnerabilidad» se perfila como uno de los principales focos de crítica. Expertos consultados lo califican de «coladero jurídico», debido a su amplitud y ambigüedad. Incluye hasta doce supuestos, entre ellos «aislamiento social», «riesgo de exclusión económica» o «dificultad de acceso a empleo», además de un genérico «otros» que amplía aún más su alcance.
La polémica se intensifica al conocerse que incluso inmigrantes en prisión preventiva podrían beneficiarse de la medida. Aquellos que soliciten la «regularización» antes de ser juzgados o condenados podrían evitar su expulsión, lo que, según fuentes policiales, «complicará aún más las expulsiones».
Este escenario se produce en un contexto marcado por la baja ejecución de órdenes de expulsión en España. En el último año, solo se materializó el 8% de las deportaciones previstas —3.398 de 41.315—, una cifra muy por debajo de la media europea, situada entre el 25% y el 30%. Esta brecha refleja, según expertos, un «problema estructural» agravado por dificultades administrativas y falta de cooperación internacional.
Además, el decreto introduce otro elemento controvertido en su disposición transitoria segunda. Aquellos inmigrantes con solicitudes de residencia en trámite o denegadas por silencio administrativo verán flexibilizados los requisitos. En estos casos, bastará con acreditar estancia en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales y cumplir condiciones más laxas que las exigidas anteriormente.
