La «regularización» masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Ejecutivo y ya acumula más de 900.000 solicitudes, según datos trasladados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y analizados por ABC. La cifra duplica prácticamente la estimación inicial de unos 500.000 ilegales y, a falta de menos de dos semanas para que concluya el plazo, organizaciones colaboradoras prevén que se supere ampliamente el millón de expedientes registrados.
El incremento de solicitudes ha reavivado el debate sobre el impacto que esta medida puede tener en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la educación o la seguridad, sectores que ya soportan una elevada presión en numerosas zonas del país.
Fuentes conocedoras del proceso señalan que el Ministerio dirigido por Elma Saiz está favoreciendo la presentación del mayor número posible de solicitudes. De hecho, los interesados pueden registrar su expediente aunque les falte alguna documentación obligatoria, disponiendo posteriormente de un plazo adicional para completarla.
El demógrafo Alejandro Macarrón Larumbe sostiene que las previsiones iniciales del Gobierno estaban alejadas de la realidad. Según explica, una entrada masiva de nuevos residentes legales podría aumentar la presión sobre el mercado de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades. «Pueden fallar en miles, pero no en cientos de miles», afirma.
Diversos estudios citados por expertos apuntan a que la llegada de población extranjera ha contribuido al aumento de la demanda residencial en los últimos años. El Banco de España advirtió recientemente del creciente desfase entre los hogares creados y las viviendas construidas, una brecha que sitúa en torno a 750.000 inmuebles.
También la sanidad pública figura entre los ámbitos analizados. También en el ámbito educativo, especialistas alertan de posibles dificultades derivadas de la incorporación de alumnos con diferentes niveles lingüísticos y formativos. Mientras, desde organizaciones policiales se advierte de la creciente carga de trabajo asociada a la revisión de expedientes y a la comprobación de documentación sensible, como los certificados de antecedentes penales.
Los sindicatos policiales reclaman más medios para afrontar un proceso que califican de excepcional y expresan dudas sobre la capacidad de la Administración para tramitar cerca de un millón de solicitudes «con todas las garantías».
