En Madrid se ha alertado de un colapso sin precedentes en los servicios sociales del Ayuntamiento tras la entrada en vigor del proceso de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha multiplicado en apenas días la demanda de atención administrativa.
Según ha denunciado desde el consistorio, el número de citas diarias ha pasado de 1.500 a 5.500 en menos de una semana, evidenciando un incremento «exponencial» que ha desbordado la capacidad operativa.
Uno de los principales problemas detectados es el denominado certificado de vulnerabilidad, un documento clave en el proceso que, según el Ayuntamiento, fue remitido el mismo día en que comenzaron a acumularse las solicitudes, sin consenso previo ni criterios claros de aplicación.
Ante esta situación, el Consistorio ha decidido limitar la emisión de estos certificados a los casos en los que exista una intervención social previa, para evitar validar situaciones que no puedan ser acreditadas. «No vamos a certificar aquello que no podamos comprobar», ha subrayado Fernández, alertando del riesgo de que personas sin historial en los servicios sociales puedan beneficiarse del sistema.
El delegado también ha advertido de que esta presión extraordinaria puede tener un impacto directo sobre servicios esenciales como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las prestaciones familiares, que podrían verse desplazados por la avalancha de nuevas solicitudes.
A ello se suma la crítica por la falta de financiación estatal, ya que el Gobierno central no ha previsto refuerzos para las plantillas municipales pese al aumento de la carga administrativa.
Asimismo, ha alertado de posibles efectos secundarios como el «efecto llamada», que podría incentivar nuevas llegadas irregulares con consecuencias dramáticas, y ha cuestionado la falta de claridad en aspectos sensibles como la verificación de antecedentes.
