La regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez cerrará este martes el plazo de presentación de solicitudes con unas cifras muy superiores a las anunciadas inicialmente por el Ejecutivo. Frente al medio millón de personas que el Gobierno calculó al anunciar el procedimiento, los datos que arroja la plataforma Mercurio sitúan el volumen de expedientes en torno a 1,3 millones, una cifra que confirma el enorme alcance de una medida aprobada por decreto y sin el control parlamentario ordinario.
La última cifra oficial conocida, comunicada a mediados de junio por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, era de 900.000 solicitudes presentadas. De ellas, unas 360.000 habían sido ya admitidas a trámite, lo que supone la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve cada expediente. Desde entonces, el número no ha dejado de crecer en la recta final del plazo.
El Gobierno dispone ahora de tres meses para resolver cada solicitud. Sin embargo, todavía no ha aclarado cuántos expedientes han terminado con una autorización definitiva ni si existen casos rechazados. El Ministerio de Migraciones tiene previsto ofrecer esta semana nuevos datos de un proceso que ya ha desbordado por completo las estimaciones iniciales del Ejecutivo.
La regularización partió de una iniciativa legislativa popular impulsada en 2024 y respaldada por más de 700.000 firmas. Contó con el apoyo de organizaciones humanitarias, sindicatos, patronales y la Iglesia católica, con Cáritas muy implicada en la campaña. El Partido Popular apoyó entonces la toma en consideración de la iniciativa, aunque después ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno. VOX ha sido el único partido que ha mantenido una oposición frontal a las regularizaciones masivas.
El Ejecutivo presentó la medida como una vía para aflorar empleo irregular, incorporar cotizaciones a la Seguridad Social y reconocer derechos a personas que ya se encontraban en España. Sin embargo, las cifras conocidas plantean una cuestión política de fondo: el Gobierno no estaba ante medio millón de casos, sino ante una bolsa de inmigración ilegal muy superior a la admitida públicamente.
Uno de los puntos más sensibles del proceso es el control documental. En este tipo de procedimientos puede existir un mercado fraudulento de papeles falsos, según aseguran fuentes de Funcas consultadas por El País. El propio Ministerio ha admitido que las cifras iniciales están pendientes de filtrado, con posibles duplicidades y otros factores que pueden alterar el recuento final.
Durante las últimas semanas, abogados, ONG y sindicatos han tramitado miles de expedientes a través de Mercurio, la plataforma digital de Extranjería dependiente del Ministerio de Política Territorial. Cada registro genera un número correlativo, lo que ha permitido a fuentes administrativas y despachos especializados comprobar el fuerte incremento de solicitudes en provincias como Madrid, Barcelona, Granada o distintas zonas de Galicia.
Para acogerse al procedimiento, los solicitantes debían acreditar que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y que llevaban al menos cinco meses consecutivos en el país. También debían aportar documentación sobre vulnerabilidad, vínculos familiares o compromiso de contrato de trabajo. Uno de los requisitos más complejos ha sido la obtención del certificado de antecedentes penales del país de origen.
El proceso permite presentar la solicitud aunque el certificado de penales no haya llegado, siempre que el solicitante demuestre que lo ha pedido. En ese caso, puede autorizar al Gobierno a reclamarlo por vía diplomática y se abre un plazo adicional de tres meses. Sin ese documento, la regularización no puede culminar favorablemente.
