La sanidad gratuita para inmigrantes ilegales costeada por los españoles lleva meses aplicándose en Canarias. En concreto, el 15 de mayo de 2025 se firmó una medida que regula la expedición de un documento acreditativo para que personas extranjeras que se encuentren en el archipiélago sin residencia legal puedan acceder a la asistencia sanitaria pública.
La iniciativa, adelantada por @CanarioToday, se formalizó mediante la Instrucción número 6/2025 de la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS), un documento que establece el procedimiento para facilitar atención sanitaria a extranjeros que, pese a no residir legalmente en España, se encuentren en territorio canario.
El texto administrativo señala que el objetivo es permitir que estas personas puedan acreditar su derecho a recibir asistencia dentro del sistema sanitario autonómico mediante la expedición de un documento específico. Este documento funciona como una acreditación para acceder a los servicios del sistema público de salud.
La instrucción se apoya en distintos marcos legales. Por un lado, hace referencia al artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud y obliga a los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública mediante prestaciones y servicios. También cita la Ley General de Sanidad de 1986, que establece el derecho a la asistencia sanitaria para los ciudadanos que tengan su residencia en territorio nacional.
Asimismo, el documento menciona la legislación sanitaria autonómica de Canarias, que defiende el principio de cobertura universal dentro del sistema de salud de la comunidad.
La medida ha generado críticas desde distintos sectores que consideran que este tipo de políticas agrava los problemas de saturación del sistema sanitario público. Denuncian que el aumento de la presión asistencial coincide con un contexto en el que numerosos ciudadanos se enfrentan a listas de espera prolongadas y dificultades para acceder a determinados servicios médicos.
Desde estas posiciones se sostiene que la ampliación del acceso sanitario a personas que se encuentran en situación administrativa irregular incrementa la carga sobre un sistema que ya arrastra problemas estructurales de capacidad.
Además, la decisión ha sido vinculada a la actuación de distintas formaciones políticas a nivel nacional y autonómico. Quienes critican la medida sostienen que los principales partidos, entre ellos PSOE, Sumar, Partido Popular y Coalición Canaria, comparten una línea política común en materia migratoria y sanitaria que, según denuncian, prioriza este tipo de medidas pese al impacto que puede tener sobre los recursos públicos.
