
La SEPI admite posibles consecuencias derivadas de la investigación del caso Plus Ultra, mientras las nuevas aportaciones de antiguos responsables de la aerolínea podrían comprometer a su Consejo Gestor, según publica Artículo14. La entidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, recoge en las cuentas de 2025 del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que la evolución de las pesquisas puede generar «efectos o contingencias de diversa naturaleza», aunque sostiene que, hasta donde conoce, no se cuestiona la legalidad de sus decisiones sobre el rescate.
La advertencia coincide con la entrega de documentación al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por parte de exdirectivos investigados. Entre ellos figura el antiguo consejero delegado, Roberto Roselli, que ha aportado correspondencia sobre la negociación y el destino de los 53 millones de euros concedidos a la compañía. Según el citado medio, esos correos apuntan a que la SEPI conocía que parte del dinero se destinaría al pago de acreedores internacionales cuya opacidad está siendo examinada en la causa.
Uno de los mensajes reseñados está fechado el 20 de abril de 2021, poco más de un mes después de que el Consejo de Ministros autorizara la ayuda. En él, el entonces director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, remitía a Roselli y a Julio Martínez Sola una petición de información de la Comisión Europea. El correo adjuntaba también una versión del plan de viabilidad preparada para su envío sin información confidencial. Partearroyo está citado como testigo para el 19 de noviembre, según Artículo14.
La colaboración de los antiguos responsables de Plus Ultra incluye otras acusaciones pendientes de esclarecer. El periódico informa de que varios exdirectivos sostuvieron por escrito en julio que José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado una comisión del 1 % por el rescate, una versión que habrían ratificado ante el instructor en septiembre. Roselli también ha denunciado la existencia de contratos presuntamente falsificados. Estas manifestaciones forman parte de las pesquisas y no equivalen a hechos judicialmente acreditados.
El Consejo Gestor de la SEPI ya estuvo investigado en el procedimiento abierto en abril de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por una posible malversación. Aquellas diligencias afectaron a quienes habían respaldado la operación, entre ellos Bartolomé Lora y Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía. Según la información publicada, la investigación terminó archivada por un problema con los plazos de instrucción, y los nuevos documentos podrían dar lugar a que se examinaran nuevamente responsabilidades de sus integrantes.
La causa actual analiza una presunta trama internacional de blanqueo vinculada a Plus Ultra y a sus acreedores. Artículo14 sitúa el inicio de las pesquisas estadounidenses en 2018 y señala que las autoridades francesas y suizas detectaron operaciones relacionadas con los fondos del rescate en 2021. En sus cuentas, la SEPI subraya el carácter preliminar de los procedimientos y la incertidumbre sobre su desenlace, sin descartar consecuencias futuras.