«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
Convoca 143 plazas para trabajar en la corporación

La televisión pública valenciana premiará en las oposiciones el trabajo en prensa del Gobierno regional

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Europa Press

Estamos en año electoral y las comunidades gobernadas por PP y PSOE pisan el acelerador autonomista y preparan el terreno para avanzar en términos de manipulación mediante el principal instrumento del que disponen: las televisiones públicas que sólo ellos controlan.

Si en Andalucía el Gobierno del PP abraza la bandera andalucista del extinto Alejandro Rojas Marcos, quién parece haberse convertido en referente moral para Juanma Moreno –que reivindica activamente su legado haciendo hincapié, por ejemplo, en el reconocimiento de «la lengua andaluza, que no acento andaluz ” y se evidencian estos planteamientos en la programación de Canal Sur–, en el Principado de Asturias y en la Comunidad Valenciana comienzan a darse pasos concluyentes.

Hace unas semanas conocimos que «La Llingua», que apenas habla el 2% de los asturianos, puntuaría en las pruebas de acceso a las plazas públicas para trabajar en la radio televisión del principado y hace unos días Á Punt, la televisión que sustituyó a Canal Nou tras su cierre, ha decidido emprender el mismo camino.

Según recoge ya el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, se acaban de convocar 143 plazas públicas para trabajar en la corporación y el conocimiento del valenciano se premiará con hasta cinco puntos, imponiéndose así su uso como requisito imprescindible para poder formar parte del medio público de la comunidad. Hasta aquí nada nuevo, puesto que el sesgo lingüístico hacia los profesionales que no hablen la lengua autonómica ya se estaba aplicando desde la reapertura del canal público al estilo de la TVG de Feijóo. Pero lo novedoso es que en esta ocasión el concurso público anuncia además que puntuará también haber trabajado en prensa de ayuntamientos de la comunidad valenciana o del propio Gobierno autonómico, condición con la que se pretende naturalmente dar entrada a periodistas afines a la causa del mismo Ejecutivo que impone semejante arbitrariedad para avanzar en la manipulación política del ente público.

Sin duda, estamos ante un modelo autonómico fallido de televisión pública, en donde además se incumple reiteradamente la legalidad. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en materia presupuestaria, donde la ley estipula que «si hay una disminución de un 25% de los ingresos previstos o un déficit superior al 10%, deberían dimitir o ser cesados en bloque todos los integrantes del llamado Consejo Rector de Á Punt», un hecho que se incumple año tras año después de constatar en cada ejercicio que los objetivos están muy lejos de cumplirse.

Del mismo modo, la ley determina también la necesidad de que exista un contrato-programa que continúa sin formalizarse sin que pueda existir ningún tipo de control a través de la comisión parlamentaria –escapando a todo planteamiento democrático y haciendo imposible la fiscalización de la corporación–. Estamos así ante el tercer vértice del triángulo que los llamados «países catalanes» utilizan para sus fines separatistas. Urge el cierre inmediato de la catalana TV3, la balear IB3 y la valenciana Á Punt.        

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