La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepara un informe en el que analizará el rastro del dinero de distintos empresarios ligados a la supuesta red corrupta que, según los investigadores, salpica a figuras relevantes del PSOE como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, además de a varios contratistas beneficiados por adjudicaciones públicas sospechosas.
Una de las pistas que sigue el equipo investigador lleva hasta Armenia, una nación enclavada en el Cáucaso y antigua república soviética, que se ha convertido en un foco de atención por la posible utilización de estructuras societarias opacas y el desvío de fondos procedentes de contratos públicos españoles, según avanza El Español. En esta región, la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad del empresario valenciano José Ruz, firmó en 2022 un contrato por valor de 65 millones de euros en colaboración con Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR), otra firma señalada en la causa.
Ambas empresas crearon una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la que obtuvieron la licitación para una obra clave: la autopista M1 entre Yereván, Gyumri y Bavra, adjudicada por el Ejecutivo armenio. A raíz de este proyecto, establecieron oficinas locales en el país caucásico, lo que ahora ha despertado el interés de los agentes por un posible uso de Armenia como tapadera financiera.
El informe que prepara la UCO, que podría ver la luz en las próximas semanas de julio, incluirá un análisis detallado de cómo parte de las comisiones ilegales habrían sido disimuladas a través de inversiones ficticias, sociedades pantalla y operaciones inmobiliarias en ese país. Las fuentes consultadas por la investigación describen Armenia como un entorno donde todavía existen grietas normativas que podrían haber sido aprovechadas por la trama.
José Ruz, uno de los constructores bajo sospecha, está siendo examinado por su vínculo con Koldo García, quien durante años trabajó como asesor cercano de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Según la documentación recabada, Ruz abonó una nómina mensual de 2.600 euros a García, y tanto él como Ábalos se habrían beneficiado de esas cantidades. Además, Ruz aparece en los registros judiciales como autor de varios pagos en metálico —uno de 50.000 euros y otro de 20.000— relacionados con concursos públicos.
El constructor valenciano también habría mantenido vínculos empresariales con Víctor de Aldama, otro de los actores clave de la trama, especialmente en Argelia, donde LIC intentó recuperar una deuda pendiente gracias a gestiones que habría realizado el propio Ábalos cuando aún ocupaba la cartera de Transportes. En 2019, el entonces ministro incluso firmó una carta oficial dirigida a su homólogo argelino, Mustapha Kouraba, invitándole a una reunión en Madrid para tratar, entre otros asuntos, temas relacionados con la constructora de Ruz.
El papel de Obras Públicas y Regadíos S.A., dirigida por los hermanos Fernández Menéndez —cuñados del directivo de Acciona en Navarra, Fernando Merino— también está bajo la lupa. Merino, cercano a Santos Cerdán, habría recibido adjudicaciones relevantes, como la del túnel de Belate. Este entorno empresarial-político estaría formado por un círculo de confianza en el que se mezclaban intereses públicos y privados de forma opaca.
Los domicilios de los Fernández Menéndez fueron registrados de forma simultánea con la vivienda de Ábalos y la sede de Servinabar, otra compañía relacionada con el caso. Esta operación coordinada de la Guardia Civil forma parte de una estrategia más amplia para desentrañar las ramificaciones internacionales del supuesto entramado corrupto.
En otra conversación recogida por los agentes, fechada el 16 de marzo de 2022, Ruz pidió a Koldo que organizara una cita con Santos Cerdán. En su mensaje, se refería al político navarro con un apodo y utilizaba un lenguaje críptico para aludir al PSOE, al que llamaban “la ganadería”. “Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro y que yo hable con él directamente”, le escribió.
