La Policía detuvo el lunes 20 de febrero al diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes ―conocido como Tito Berni― por su implicación en el caso Mediador, una presunta trama de corrupción relacionada con Canarias por la que tuvo que dimitir una semana antes y que está siendo investigada por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Desde su detención, este caso, del que cada día que pasa se van conociendo más detalles ―meretrices y drogas incluidas― promete ser el epílogo de una legislatura calamitosa.
La trama Mediador, que estaría encabezada por el ahora ex diputado socialista por Canarias Juan Bernardo Fuentes –ya en libertad, al no apreciar la juez riesgo de fuga–, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, pedía un «peaje económico» a empresarios del ámbito ganadero y alimentario a los que captaban bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, ayudas europeas, o de evitar inspecciones y sanciones.
Los protagonistas de la trama se reunían con los empresarios en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
En un informe, la Fiscalía habla de «la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios».
La presunta red estaba «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal, que sitúa en su «vértice superior» al Tito Berni, sobre el que recaen cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y pertenencia a grupo criminal organizado; a su sobrino Taishet Fuentes, hasta el año pasado director general de Ganadería en el Gobierno canario –cargo previamente desempeñado por su ya famoso tío–, y a Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil.
Junto a ellos, la Policía Nacional, en otro informe, coloca al empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que realizaría funciones de «mediador» entre los supuestos cabecillas y los empresarios captados, de ahí el nombre del caso, hombre que fue detenido en enero de 2022.
El primer paso que debían dar los empresarios interesados en «privilegios» era pagar 5.000 euros, como «peaje económico», a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que estaba presidida por el exdiputado socialista. Según la declaración del «mediador», el propio Tito Berni les hacía la petición de que ingresaran esa cantidad en la citada Asociación de forma «sutil y cariñosa» asegurando que era para «los niños».
No obstante, Navarro Tacoronte asegura que se trataba de una especie de «impuesto revolucionario». «Si no se paga no hay acceso a contrato o se le quita la subvención a las granjas», precisó en su declaración, alegando que todo lo que decía se encontraba reflejado en los móviles que entregó a la policía. Además, relató que el pago de 5.000 euros lo habían realizado 6 empresas de Canarias, entre las que cita una quesera, una granja de vacas, una ganadería, una empresa de drones y otra de placas solares: «Todos pagaron para hacer trabajos para la consejería de Ganadería y Agricultura».
Navarro Tacoronte aclara también que a los empresarios de Madrid les cobraban 18.000 euros a través de la gestoría Tetir, del hijo de Tito Berni, por tramitar el régimen fiscal canario, que les facilitaba la adjudicación de subvenciones y ayudas porque prevalecen las empresas que están dentro del régimen fiscal canario. Y posteriormente, para lograr esos contratos, asegura que el diputado y él mismo, cobraban «una comisión en efectivo», además de los 5.000 euros de peaje inicial.
Fiestas con prostitutas
El propio Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero de 2022 que despachaba con el exdiputado cada 15 días en Madrid. Se alojaban en el Hotel Victoria 4. Iban de «visita» al Congreso con empresarios, donde se hacían fotos, luego a almorzar «y seguían de fiesta el resto del día, una media de entre 3.000 y 3.500 euros «por noche» que pagaban los empresarios con interés en invertir en Canarias. «En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra«, según relata en la declaración judicial.
En el informe de la Fiscalía también detalla que el General de la Guardia Civil Espinosa Navas se encargaba de «recibir» a los empresarios captados y, en su caso, se los llevaba a «dependencias en la Comandancia General de la Guardia Civil con sede en la calle Guzmán El Bueno, en Madrid, lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza«.
La trama se centraba en «empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial de Canarias, caracterizada por sus especiales beneficios fiscales«, de acuerdo con el Ministerio Público. «No estamos cometiendo ningún delito pero estamos sobornando», le llegó a decir Navarro Tacoronte a uno de los «empresarios peninsulares» que habrían captado, Antonio Bautista Prado, en una conversación mantenida el 12 de noviembre de 2022.
En las fiestas habrían participado más diputados socialistas
Navarro Tacoronte aseguró hace unos días que en las fiestas que se organizaban en Madrid como contraprestaciones participaban unos 15 o 16 diputados, todos del PSOE. En una entrevista concedida a COPE Canarias, el «mediador» dejó claro que todos eran del mismo partido: «No vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de VOX o de Podemos; además, eran listados cerrados, estaba todo estudiado». Ha añadido que le pedía al Tito Berni el listado de las personas que iban a asistir.
Navarro Tacoronte dijo que también participaban mujeres y que «todas las noches» los hombres se iban de alterne». «De martes a jueves o hasta viernes por la mañana, porque a lo mejor a algún diputado lo mordían y teníamos que estar en Madrid para que no fuera con su miembro viril a su casa», añadió.
Además, aseguró que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, conocía sus movimientos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico, donde trabajaba primero con Juan Bernardo Fuentes y después con su sobrino Taishet, que lo relevó en la Dirección General de Ganadería cuando el primero tomó acta de diputado en 2020.
El director de esRadio Canarias, Gonzalo Castañeda, contó este martes en el programa de Federico Jiménez Losantos que en el móvil de Navarro Tacoronte, embargado por la juez que lleva el caso, hay hasta 66 gigas de información. De esos muchos son fotos y hay cantidad de vídeos y todas las conversaciones que mantuvo el «mediador». Según Castañeda, muchos de los vídeos contienen «conversaciones asquerosas y vomitivas». Entre las fotografías que se han filtrado salen diputados del PSOE con la cara tapada y van a salir más porque Navarro Tacoronte grababa todo.
El comienzo de la investigación, en 2021
La investigación comenzó tras la denuncia presentada, en diciembre de 2021, por el hasta hace pocos días director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, que alertaba de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria por importe de 2.575 euros.
Pérez Peña, que dimitió de su cargo el pasado 31 de enero alegando motivos personales, denunció entonces esos cargos en su tarjeta. A partir de ahí, la Policía los investigó y determinó que los había realizado Navarro Tacoronte, que era el titular de las tarjetas prepago, lo que desembocó en su detención en enero de 2022.
Navarro Tacoronte aseguró en sede judicial que Pérez Peñas estaba al tanto de los cargos que había denunciado, pues tenía su «aquiescencia, además de ser el beneficiario real y final de las compras denunciadas». Y para demostrarlo, dijo tener conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos y entregó dos teléfonos móviles, que son el «origen de la trama», sostiene el informe policial.
También en su declaración, el presunto mediador manifestó tener pruebas contundentes respecto a «numerosos delitos» relacionados con la corrupción que habrían cometido «diferentes cargos políticos de Canarias». «A resumidas cuentas, se habrían organizado en un grupo reservado para enriquecerse ilícitamente», recoge la Policía.
