La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en un inmueble situado en Perú vinculado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, dentro de la investigación que instruye el Tribunal Supremo sobre la trama de corrupción de su entorno. Según una información publicada por El Debate, los agentes analizan indicios de que el exdirigente socialista intentó vender por 1,2 millones de dólares una propiedad ubicada en Chimbote, en una operación que consideran relevante para esclarecer posibles vías de enriquecimiento fuera de España.
El origen de esta línea de investigación se sitúa en una denuncia presentada el 15 de noviembre de 2024 ante la Embajada de España en Perú, detalla El Debate. El escrito, dirigido al embajador Alejandro Abellán García, sostiene que Ábalos, junto a su entonces asesor Koldo García y el empresario Claudio Rivas, participó en una operación para vender un inmueble cuyo origen estaría vinculado a fondos públicos de cooperación internacional.
El documento es explícito. El denunciante asegura que «se han apropiado ilícitamente de un centro social multiusos (…) con el objetivo de venderlo a terceros particulares por el monto de un millón doscientos mil dólares». Este extremo introduce un elemento de especial gravedad, al apuntar a la posible utilización de recursos públicos destinados a fines sociales para beneficio privado.
Según la denuncia, el inmueble habría sido construido a través de Fiadelso, la ONG vinculada a Ábalos, y posteriormente desviado de su finalidad original para su comercialización. El denunciante afirma disponer de «documentación sensible y de calidad» que acreditaría los hechos y solicita su traslado a la Agregaduría de Interior, en un contexto en el que la UCO ya rastrea posibles comisiones ilegales en el extranjero.
Los investigadores han incorporado esta información como pieza complementaria dentro del análisis global del patrimonio del exministro. Fuentes de la investigación señalan que el intento de venta resulta clave para reconstruir posibles mecanismos de monetización de activos fuera del circuito financiero nacional, especialmente ante la detección de movimientos en efectivo difíciles de trazar.
En paralelo, la Guardia Civil ha identificado un flujo constante de dinero hacia Perú. Según el informe de la UCO, Ábalos realizó al menos siete transferencias entre 2018 y 2019 a Jénifer Balta Cueva, encargada de gestionar el inmueble en Chimbote. Los envíos se efectuaron a través de Western Union y cuentas bancarias, y se destinaban a gastos relacionados con la propiedad.
Uno de los mensajes intervenidos refuerza esta hipótesis. «Como no tengo dinero te escribo cuando acabe de comer y me paso o te espero aquí», escribió Balta, en una comunicación que los agentes interpretan como indicio de su papel como intermediaria en la recepción de efectivo.
Este entramado se conecta con las conclusiones del informe patrimonial de la UCO. Durante su comparecencia en el Tribunal Supremo, el teniente coronel Antonio Balas señaló que «Ábalos es el que abre negocios» y subrayó el amplio acceso de la red a distintos niveles de la Administración. Esa posición, según los investigadores, habría facilitado la generación de oportunidades económicas vinculadas a su cargo.
La UCO trata ahora de determinar si el intento de venta del inmueble en Perú coincide temporalmente con su etapa como ministro de Transportes, lo que permitiría analizar si su posición institucional influyó en la operación. El uso de estructuras en el extranjero añade complejidad a la investigación, al dificultar el rastreo del dinero y requerir mecanismos de cooperación internacional.
La denuncia incluye además una advertencia que los agentes analizan con cautela. El denunciante sostiene que la organización estaría «destruyendo pruebas que lo incriminan directamente». Aunque este extremo no ha sido acreditado, ha llevado a los investigadores a intensificar el análisis de la documentación disponible y la localización de posibles activos fuera de España.
