La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado esta misma semana una oferta con el fin de ampliar en los próximos meses su plantilla, ante el volumen creciente de casos bajo su responsabilidad, muchos de ellos ligados al círculo cercano del presidente del Gobierno. La convocatoria se ha publicado este miércoles en la intranet oficial del Instituto Armado.
La iniciativa busca incorporar nuevos efectivos mediante el sistema de comisión de servicio, lo que implica una asignación temporal de personal desde sus destinos habituales hacia esta unidad de élite. La fecha prevista para la incorporación de los seleccionados es el 1 de septiembre, y el periodo inicial de trabajo con la UCO será de seis meses.
Entre los perfiles requeridos se encuentran cabos primeros y guardias civiles con experiencia o formación en labores de Policía Judicial. También se valorará de forma especial el dominio de idiomas como el inglés y el francés, así como conocimientos informáticos, sobre todo en el manejo de hojas de cálculo como Excel, fundamental para el análisis de la documentación económica que manejan los agentes.
El grupo de investigadores implicado en esta ampliación pertenece a la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y de Criminalidad Organizada (UAFAC), dirigida por el teniente coronel Antonio Balas. Esta unidad ha estado en el foco mediático en los últimos meses por su implicación en casos altamente sensibles para el Gobierno, como los que afectan a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, al fiscal general del Estado, al hermano del presidente y a figuras destacadas del PSOE.
En especial, el llamado caso Koldo, que involucra al exasesor de Ábalos, Koldo García, ha dado un giro tras revelarse presuntas conexiones directas con Santos Cerdán, número tres del PSOE. Un informe reciente de 500 páginas ha sacado a la luz nuevos vínculos de esta red con antiguos gobiernos autonómicos, como el de Francina Armengol en Baleares y el de Ángel Víctor Torres en Canarias.
La creciente presión judicial sobre este entorno ha motivado un aumento significativo del trabajo de la UCO, que necesita personal adicional para procesar la información incautada en registros recientes. Según fuentes internas, se trata de una cantidad abrumadora de datos que deben ser verificados, cruzados y trasladados al juez instructor del caso Ábalos, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Desde el entorno del PSOE, se ha intentado cuestionar el trabajo de esta unidad, con maniobras dirigidas a erosionar la imagen de los investigadores e incluso con intentos de desacreditar personalmente al teniente coronel Balas. Sin embargo, el peso de las pruebas recopiladas hasta ahora ha reforzado la posición de la UCO ante la opinión pública y el sistema judicial.
