La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando cómo Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), una firma valenciana con conexiones directas con el entorno del exministro José Luis Ábalos, logró hacerse con el mayor contrato sanitario de Baleares: la edificación de una residencia para mayores en Son Dureta, valorada en 10,4 millones de euros. Detrás de esta adjudicación se esconden vínculos personales, pagos periódicos encubiertos y una serie de irregularidades que ahora colocan bajo sospecha a la expresidenta autonómica Francina Armengol, según avanza OkDiario.
El contrato se adjudicó en febrero de 2022, coincidiendo con un momento clave: el propietario de LIC, José Ruz, voló a Las Palmas de Gran Canaria para mantener un encuentro con Koldo García, entonces asesor próximo a Ábalos. La reunión tuvo lugar poco después de que la constructora se hiciera también con otro proyecto millonario en Canarias: la reforma del Edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria canaria, por seis millones de euros. Ambos encargos terminaron de la misma manera: obras iniciadas y luego abandonadas, con las administraciones afectadas obligadas a reiniciar los procesos de licitación.
La residencia de Son Dureta, que debía construirse sobre un terreno de casi 6.000 metros cuadrados junto al viejo hospital y el antiguo 112 en Palma, se anunció como el proyecto estrella del área social del Gobierno balear. Con tres plantas y 120 plazas para personas mayores en situación de dependencia, se presentó como un símbolo del compromiso del Ejecutivo balear con el bienestar. Sin embargo, todo quedó a medias cuando LIC se declaró en bancarrota y dejó la obra sin terminar.
Levantina Ingeniería no sólo obtuvo ese contrato. Durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, la empresa fue beneficiaria de múltiples adjudicaciones públicas que suman más de 125 millones de euros, muchas de ellas en consorcio con otras compañías. Baleares, gobernada entonces por el PSOE, se convirtió en una plaza especialmente rentable: además del geriátrico, LIC obtuvo cuatro contratos adicionales, como la construcción de un puente ferroviario presupuestado en 77.000 euros.
La trama se extiende mucho más allá del archipiélago. La UCO ha identificado un patrón de comportamiento: adjudicación de obras de gran presupuesto, comienzo de las mismas y abandono inesperado poco tiempo después. Este modus operandi se repitió en diversos puntos del país: en Huelva (accesos a un centro hospitalario), en Zaragoza (un aulario escolar) o en Canarias (sede de Hacienda). Todos con el mismo resultado: proyectos paralizados y administraciones afectadas.
