La tecnología avanzada del programa israelí Cellebrite podría desempeñar un papel crucial en la investigación abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos e investigado por la UCO. Este software, ampliamente utilizado en investigaciones internacionales, permite recuperar información de dispositivos móviles incluso cuando estos han sido eliminados o no están físicamente disponibles.
Según explica Ángel Bahamontes, presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Cellebrite accede a las memorias internas de los teléfonos, incluyendo datos almacenados en las tarjetas SIM y en la memoria ROM, donde queda rastro de todas las actividades realizadas. “Incluso si el móvil ha desaparecido misteriosamente, siempre quedan huellas digitales que pueden ser rastreadas”, asegura Bahamontes. En investigaciones anteriores, esta herramienta fue determinante para recuperar datos de dispositivos dañados, como ocurrió tras el atentado del 11-M.
La Guardia Civil adquirió en 2022 versiones avanzadas de Cellebrite, invirtiendo más de 10.000 euros por unidad. Este software ya ha sido empleado en España en casos como el de Diana Quer y, a nivel internacional, por el FBI, en situaciones tan graves como la masacre de San Bernardino. Su capacidad para extraer cronogramas de llamadas, mensajes borrados y correos electrónicos puede proporcionar respuestas clave en investigaciones complejas.
El caso que afecta al fiscal general Álvaro García Ortiz se centra en la presunta filtración de información confidencial sobre Alberto García Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se habrían divulgado detalles de una negociación entre García Amador y Hacienda por un supuesto fraude fiscal.
El cambio de móvil del fiscal general ha levantado sospechas. Una semana después de que el Tribunal Supremo abriera la causa contra él, García Ortiz sustituyó su terminal telefónico, lo que podría haber dificultado el acceso a pruebas cruciales. Sin embargo, expertos tecnológicos consideran que Cellebrite podría recuperar los datos eliminados o acceder a rastros digitales asociados al dispositivo original.
Por su parte, el Tribunal Supremo ha citado a declarar a García Ortiz el próximo 29 de enero, junto a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, quien también estaría implicada en los hechos. Según las investigaciones de la UCO, el fiscal general habría tenido un papel central en la presunta filtración, un extremo que será clave esclarecer con los registros de comunicaciones y correos electrónicos.
Los peritos informáticos subrayan que Cellebrite permite extraer hasta 90.000 páginas de información en análisis exhaustivos y puede realizar “estaciones rápidas” para resolver conflictos menores, como infidelidades, o investigaciones más profundas en casos complejos como este. “Los jueces confían plenamente en esta tecnología, que no solo recupera datos, sino que establece un cronograma detallado de las actividades realizadas con el dispositivo”, señala Bahamontes.
El juez encargado del caso ya ha solicitado a la Guardia Civil que determine si es posible rastrear las comunicaciones vinculadas al móvil del fiscal general. Las respuestas podrían esclarecer quién ordenó la filtración, cómo se gestionó y cuándo se llevó a cabo, claves para resolver una causa que pone en el centro del debate la protección de la confidencialidad y la transparencia en las instituciones públicas.
