La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que sitúa a Francina Armengol en el inicio de los contactos que permitieron la entrada de la trama Koldo en la contratación de material sanitario en Baleares durante la pandemia. Los investigadores sostienen que ese primer acceso institucional derivó en adjudicaciones que alcanzaron los 3,7 millones de euros en contratos públicos.
El documento policial, al que ha tenido acceso El Debate, detalla el momento en el que se activa ese canal. Según la UCO, el 25 de abril de 2020, en pleno estado de alarma, Koldo García Izaguirre envió un mensaje directo a Armengol en el que se presentaba como interlocutor en la operación de suministro de material sanitario y afirmaba encontrarse con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Minutos después de ese contacto, siempre según el informe, el director de gestión del Servicio de Salud de Baleares se puso en contacto con Koldo, iniciando la interlocución técnica que desembocó en las contrataciones. Para los agentes, la secuencia temporal resulta clave, ya que la comunicación con la entonces presidenta autonómica precede de forma directa al contacto desde el órgano competente en materia sanitaria.
La Guardia Civil subraya que no se trata de un hecho aislado, sino de una concatenación inmediata de actuaciones que, a su juicio, evidencia la activación de un canal institucional de alto nivel en un momento crítico. En abril de 2020, la urgencia en la adquisición de material sanitario permitió recurrir a procedimientos excepcionales que flexibilizaban los controles administrativos.
El informe analiza varias adjudicaciones realizadas por el Servicio de Salud balear a la empresa Soluciones de Gestión, una de las sociedades bajo investigación en el denominado caso Koldo. Estas contrataciones, por un importe total de 3,7 millones de euros, se formalizaron mediante el mecanismo de emergencia, que permite adjudicar directamente sin concurrencia pública.
Aunque este procedimiento es legal en situaciones extraordinarias, reduce los controles previos y desplaza la fiscalización a fases posteriores, lo que incrementa el riesgo de irregularidades si no existe una trazabilidad clara de las decisiones.
La UCO no atribuye por el momento responsabilidades penales directas a Armengol, pero sí destaca su papel en el inicio de la cadena de contactos. A partir de ese primer intercambio, los investigadores reconstruyen cómo se establece una relación entre los intermediarios de la red y los responsables técnicos de la administración autonómica, que termina en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas.
Fuentes de la investigación apuntan a que ese contacto inicial resultó determinante para generar confianza en el interlocutor y abrir la vía de comunicación con el Servicio de Salud. En este tipo de operaciones, explican, una validación desde el nivel político facilita que los órganos administrativos activen con mayor rapidez los procedimientos, especialmente bajo presión.
El informe ya ha sido incorporado al procedimiento que instruye la Audiencia Nacional y forma parte del análisis sobre distintas administraciones autonómicas vinculadas a la trama. La documentación se encuentra en manos de la Fiscalía y de las partes personadas, que deberán evaluar ahora el alcance de las comunicaciones y el papel de cada actor en el origen de las adjudicaciones.
