La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene a la espera el próximo paso que decida el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama tras las actuaciones practicadas en las últimas horas dentro de la causa que investiga el rescate de Plus Ultra. Después de los registros y la recopilación de pruebas, el foco se sitúa ahora en las decisiones judiciales que puedan adoptarse a corto plazo, según avanza El Independiente.
En ese contexto, fuentes policiales descartan que una eventual detención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero parta de una iniciativa propia de los cuerpos de seguridad. Subrayan que una medida de ese calibre solo puede producirse mediante una orden expresa del juez instructor, especialmente tratándose de una figura con relevancia institucional. Según explican, ni Policía ni Guardia Civil actuarían por su cuenta sin ese respaldo judicial.
La investigación, no obstante, ha alcanzado un nivel avanzado. Entre los agentes implicados en las diligencias existe la percepción de que el volumen de indicios reunidos es considerable, lo que podría sustentar decisiones procesales de mayor impacto si así lo estima el juez. De hecho, el propio magistrado ha dado un paso significativo al citar a Zapatero como investigado y ordenar registros simultáneos en distintas sociedades vinculadas a su entorno.
El auto judicial describe una presunta estructura organizada con continuidad en el tiempo que, según la instrucción, habría operado para influir en decisiones públicas, canalizar fondos y ocultar su rastro mediante empresas interpuestas. En esa supuesta red, el expresidente ocuparía una posición central, utilizando contactos y capacidad de intermediación tanto en España como en el extranjero.
Uno de los epicentros de la operativa investigada se sitúa en un despacho de la calle Ferraz de Madrid, donde, de acuerdo con la resolución, se coordinaban movimientos empresariales y financieros. Ese espacio fue registrado por agentes especializados, que también actuaron en sedes relacionadas con compañías como Whathefav, Softgestor e Inteligencia Prospectiva. Durante las actuaciones, se intervinieron dispositivos electrónicos, se clonaron datos y se accedió a comunicaciones digitales, incluyendo correos y repositorios.
Además, el juez autorizó la incautación de activos digitales, incluidas criptomonedas, ante la sospecha de que parte del dinero investigado habría sido desviado a estructuras internacionales diseñadas para dificultar su rastreo. Entre esas posibles vías aparece una sociedad radicada en Dubái vinculada a otras entidades extranjeras.
El origen del procedimiento se encuentra en el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra con cargo al fondo estatal creado durante la pandemia para empresas estratégicas. Según la investigación, habrían existido dos canales de influencia política: uno relacionado con el entonces ministro José Luis Ábalos y otro supuestamente articulado a través del entorno de Zapatero, que habría tenido un peso relevante en la operación.
Las pesquisas también apuntan a contratos presuntamente simulados entre la aerolínea y sociedades próximas al expresidente. Una de ellas habría transferido cantidades significativas tanto al propio Zapatero como a otra empresa administrada por familiares directos. Los investigadores consideran que estas operaciones podrían formar parte de un entramado destinado a canalizar fondos.
En paralelo, la causa examina posibles gestiones en Venezuela para facilitar permisos de vuelo a la compañía aérea. En ese escenario aparece un intermediario señalado como enlace del expresidente en el país, junto a contactos con autoridades aeronáuticas locales.
Pese a la intensidad de las actuaciones, el juez ha optado por medidas graduales. Por el momento, ha descartado registrar el domicilio particular del expresidente y ha fijado su declaración como investigado para el próximo 2 de junio, asistido por su abogado. No obstante, fuentes jurídicas destacan que la combinación de citación y registros simultáneos ya sitúa la investigación en un nivel procesal especialmente relevante.
A partir de ahora, el análisis de la documentación intervenida será determinante. El contenido de los dispositivos y las comunicaciones podría abrir la puerta a nuevas imputaciones o a la adopción de medidas cautelares más severas si se aprecian riesgos como destrucción de pruebas, fuga o reiteración delictiva. Todo queda, en última instancia, a la decisión del instructor.
