La Unión Europea (UE) está desarrollando nuevas estrategias legales para abordar la creciente llegada de inmigrantes ilegales a sus fronteras exteriores, especialmente en territorios como España. Entre las propuestas destaca la controvertida «ficción de la no entrada», una medida que permite a los Estados denegar formalmente la entrada legal de personas aunque ya se encuentren físicamente presentes en su territorio, hasta que obtengan autorización oficial de las autoridades migratorias.
Este concepto, aplicado en aeropuertos internacionales desde hace años, ha sido extendido por países como Alemania a cruces terrestres y marítimos desde 2018. En esencia, los migrantes son tratados como si nunca hubieran llegado al territorio del país receptor hasta que concluyan los controles pertinentes. Centros de retención como los de Canarias serían considerados fuera del territorio nacional a efectos legales, dejando a los migrantes allí retenidos a la espera de su devolución o resolución de su estatus.
En Canarias, el impacto de la migración irregular es significativo. En los últimos dos años, más de 87.000 personas han llegado a las islas desde África, una tendencia que continúa en 2025, con 3.429 migrantes registrados en lo que va del año. Además, las islas acogen actualmente a más de 5.600 menores no acompañados bajo tutela autonómica, lo que representa un desafío humanitario y logístico. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha solicitado ayuda de la UE para desarrollar proyectos formativos en los países de origen, con el objetivo de abordar las causas de la migración.
Las críticas hacia estas medidas no se han hecho esperar. ONGs y defensores de derechos humanos advierten que la «ficción de la no entrada» podría restringir el acceso de los solicitantes de asilo a procedimientos de protección, exponiéndolos a riesgos de devoluciones ilegales o incumplimiento del principio de no devolución. Este principio prohíbe el retorno de personas a lugares donde puedan enfrentar persecuciones o riesgos graves.
El nuevo comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, ha anunciado que en los próximos meses presentará una ley de deportaciones que sustituirá a la Directiva de Retorno de 2008. El objetivo es unificar los procedimientos en toda la UE y agilizar la gestión de los casos de migración irregular mediante un reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros.
Otra de las medidas en debate es la elaboración de una lista de «países de origen seguros», donde se presupone que los solicitantes podrían haber buscado protección antes de llegar a la UE. Aunque países como Alemania y Grecia ya cuentan con listas amplias, España aún no ha adoptado ampliamente este concepto. Sin embargo, aplicarlo podría tener repercusiones directas en territorios como Canarias, donde se concentra un alto número de llegadas.
El retorno voluntario es otra herramienta impulsada por la UE en colaboración con países de tránsito, como Mauritania y Turquía. Sin embargo, estas devoluciones indirectas han suscitado preocupación entre activistas, quienes denuncian que en ocasiones los migrantes son enviados a lugares donde sus derechos fundamentales no están garantizados.
Las decisiones políticas que España adopte en este contexto podrían marcar un punto de inflexión en su gestión migratoria. Mientras algunos abogan por alinearse con la «línea dura» de otros Estados miembros, esta postura podría tener profundas implicaciones tanto a nivel social como político en el país.
