«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Sólo VOX rechaza este plan: «El PP busca seguir acorralando el español»

La Xunta de Galicia (PP) convoca a 130 separatistas para que «ayuden» a intensificar la imposición del gallego en la educación, la administración y los medios

Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda. Europa Press

Más de 300 «ideas» ciudadanas han llegado a la Xunta de Galicia como «aportaciones» a la reforma del ‘Plan General de Normalización de la Lengua Gallega’ para intensificar la imposición lingüística. El secretario general de Política Lingüística, Valentín García, señaló que estas aportaciones se trasladarán a las once comisiones que trabajan en la reforma del plan con el objetivo de tener el documento elaborado este año para se pueda debatir en 2026. Se busca «mejorar el estado y el conocimiento del gallego».

Buena parte de las propuestas pertenecen al ámbito educativo… y van enfocadas a que el gallego pueda estar presente en todas las asignaturas y al aumento del número de horas impartidas en esta lengua, es decir, más imposición lingüística en una región gobernada con mayoría absoluta por el PP.

Los once grupos de trabajo reúnen a 130 separatistas… y todas las propuestas van en la misma línea. En el ámbito administrativo, hay demandas para que los programas y formularios informáticos estén en gallego. En el sector de la comunicación y las industrias culturales, se propone que el canal G2 sea infantil y de difusión en gallego, y que la Televisión de Galicia sea monolingüe en gallego, con especial atención a la publicidad y a los entrevistados (priorizando a los gallegohablantes en condiciones similares). Además, se pide, por ejemplo, que los campamentos de verano se realicen mayoritariamente en gallego.

Sólo VOX rechaza este plan: la formación liderada por Santiago Abascal defiende la libre elección de lengua y la derogación de todas las leyes lingüísticas aprobadas por el PP, «que son una imitación de las aprobadas por el separatismo en Cataluña para marginar el español»; asegurar que cualquier gallego que quiera dirigirse a la administración en español pueda hacerlo con la misma agilidad que en gallego; blindar el derecho de las familias a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, siempre garantizando el derecho constitucional de usar el español; y garantizar que el gallego y el español sean usados con total naturalidad y libertad en todo el ámbito público, «acabando con cualquier tipo de
imposición». También aboga por eliminar toda exigencia del gallego en las administraciones públicas.

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