Las acusaciones populares del caso hidrocarburos han solicitado al juez Santiago Pedraz que cite a declarar como testigo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Quieren que el socialista aclare si, cuando presidía las Islas Canarias, participó en reuniones con los “codirectores” de la trama, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, para importar petróleo venezolano a través de un amarre petrolero en Tenerife.
En un escrito al que ha tenido acceso The Objective, las acusaciones populares —integradas por Hazte Oír, Liberum, PP y VOX— pidieron el pasado 10 de julio que Torres explique si se reunió con Aldama y Rivas, quienes planeaban exportar crudo venezolano y comercializarlo en España. Como desveló este diario, los líderes de la trama se reunieron al menos cuatro veces con el entonces presidente canario para impulsar una refinería en Tenerife. Torres niega los hechos y asegura no conocer al comisionista.
Dos de esos encuentros se habrían producido en Madrid y otros dos en Canarias. Según la empresaria Carmen Pano, que declaró ante la Guardia Civil y ratificó sus palabras ante la Audiencia Nacional el pasado 19 de marzo, Torres llegó a volar a Tenerife “en avión privado pagado por Aldama”, acompañado por Rivas y su esposa, Stella Duarte.
La refinería fallida en Tenerife
Según la misma empresaria, Aldama y Rivas se reunieron con Torres “con la intención de adquirir un depósito fiscal, poder ser operativo y descargar el carburante que pretendían traer barcos desde Venezuela a República Dominicana y, finalmente, a España”. También buscaban introducir barcos con crudo procedente de Georgia pero de origen ruso.
Las reuniones con Torres se produjeron cuando Aldama y Rivas estaban inmersos en un ambicioso proyecto para importar petróleo. Según empresarios del sector, Rivas llegó a presumir de haber traído a España hasta 11 buques petroleros, cada uno con 40.000 toneladas de crudo venezolano del tipo Merey, que debía ser refinado antes de su comercialización por no cumplir los estándares de calidad de la UE. Esa necesidad de refinado motivó el plan para construir una refinería en Tenerife.
En octubre de 2022, se celebró una reunión entre Aldama, Rivas, Koldo García —asesor del exministro José Luis Ábalos— y Torres. Pano detalló que dos de las citas fueron en Tenerife y las otras dos en casas privadas de Madrid que no pertenecían a ninguno de los asistentes. El proyecto terminó naufragando porque “no salió la refinería”.
La trama de Villafuel
Villafuel, la operadora de hidrocarburos que utilizaban Aldama y Rivas, fue intervenida por Hacienda en septiembre de 2023. Se les atribuye un fraude de 231 millones de euros. Tras la intervención, constituyeron dos sociedades nuevas, Combustibles Peninsulares SL y Saguntoil SL, para las que intentaron obtener licencias que finalmente no lograron. En octubre de ese año, la Guardia Civil detuvo a varios miembros de la trama.
Los investigadores sospechan que en la concesión de la licencia a Villafuel en septiembre de 2022 intervino Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto. Las acusaciones piden que también él declare como testigo, ya que participó en una reunión con Rivas y Pano para agilizar trámites a instancias de Aldama. Díaz Bidart admite la reunión, celebrada junto a dos técnicos de su departamento, pero asegura que no conoce a Aldama y que no recuerda la identidad de todos los asistentes. Según él, la reunión no tuvo incidencia porque la competencia correspondía a Transición Ecológica, bajo Teresa Ribera.
También solicitan la testifical de Koldo García para aclarar su papel como muñidor en estas gestiones. El propio Koldo reconoció ante el Supremo el pasado mayo que la reunión tuvo lugar, pero restó importancia a su contenido.
Las acusaciones quieren que declare también Leire Díez, a quien señalan como parte de un grupo que “presuntamente interfiere en el procedimiento”. La fontanera socialista declaró públicamente que investiga la trama y que entregó en Ferraz un pendrive con documentación relacionada con causas judicializadas, incluida esta.
Además, solicitan que 27 empresarios relacionados con la trama comparezcan como investigados, entre ellos los “tres mosqueteros” de Aldama y Rivas: Javier Serrano, Ignacio Díaz Tapia y César Moreno.
